Allanamientos de caso Diamante cumplen cuatro años: esta es la lista de pendientes

Costa Rica amaneció el 15 de noviembre de 2021 con la noticia de que seis alcaldes habían sido detenidos por un escándalo de presunta corrupción con contratos de obra pública con las constructoras MECO, H. Solís y Explotec.

Entre los gobernantes aprehendidos en esa oportunidad, estaba, ni más ni menos, que el entonces gobernante local de San José, Johnny Araya. Junto a él fueron capturados Arnoldo Barahona (Escazú), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos), Mario Redondo (Cartago) y Alberto Cole (Osa).

A aquel caso se le bautizó como Diamante. Lejos de cualquier relación que ese nombre pueda tener con el controvertido alcalde de Springfield, Joe Quimby, en la comedia animada Los Simpsons, el otrora director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza (Q.E.P.D.), señaló que se le denominó de esa manera porque el diamante es "transparente, duro, difícil de alterar y que no admite rayaduras", que como debería ser el comportamiento y sentido de probidad de los funcionarios públicos.

Este sábado se cumplen cuatro años de aquellos allanamientos que sacudieron al país. A pesar del tiempo transcurrido, lejos está la investigación de concluir.

Poco después de las detenciones, en los meses posteriores al estallido de la trama de aparente corrupción, las defensas de los jerarcas municipales empezaron a hacer su trabajo. En adelante, se vino una cascada de gestiones contra las diligencias que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) había llevado adelante hasta ese momento.

Todavía a la fecha, algunos de esos planteamientos están pendientes de discutirse.

Audiencia clave

Una muestra de esos asuntos pendientes, es que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública convocó a las partes a vista oral del 2 al 11 de diciembre próximo.

Se espera que sea durante esa audiencia que se conozcan una serie de actividades procesales defectuosas —figura a través de la cual se cuestionan las actuaciones judiciales en detrimento de garantías— e incidentes de la barra de la defensa, contra las intervenciones telefónicas realizadas en la pesquisa.

Valga recordar que, como lo dio a conocer Teletica.com el 10 de febrero pasado, el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública anuló la declaratoria de crimen organizado dictada en el caso (expediente 20-009616-0042-PE), que era la que daba sustento, precisamente, a las escuchas telefónicas.

De ahí que para los abogados de los sospechosos, la causa quedó herida de muerte y, por ello, esperan que la audiencia del próximo año sea uno de los pasos que lleven a su entierro.

"El tribunal de juicio acogió los recursos de apelación contra la resolución que declaró ese tema como crimen organizado. Había otra serie de recursos, el tema de las intervenciones telefónicas. Al final, el tribunal también en otra resolución resolvió que le correspondía al juzgado penal redimensionar o dimensionar los efectos de la declaratoria de inmunidad o de ineficacia de la resolución de crimen organizado.

"A partir de ahí, todas las defensas le pedimos al juzgado penal que nos señalara una vista para ver efectos de redimensionar esa declaratoria. ¿Qué significa redimensionar? Al declararse la ineficacia de la declaración de crimen organizado tiene necesariamente que declararse también la ineficacia de las intervenciones telefónicas, de los allanamientos, de prácticamente todo lo que se derivó o que se generó a través de esa declaratoria de crimen organizado, que sin esa declaratoria no se hubiera podido realizar", explicó en conversación con Teletica.com el defensor Federico Campos, quien representa a los gerentes de la constructora MECO, Alejandro Bolaños y Abel González.

Esa visión la comparten los juristas Francisco Dall'Anese y Éric Ramos, quienes defienden —por su orden— al exalcalde Alfredo Córdoba y el empresario Carlos Cerdas.

Para Ramos, todas las intervenciones y la prueba que derive de ellas, deben ser excluidas de la pesquisa.

"Nadie ha querido, no hay ningún juez que reconozca que una vez que ya no hay procedimiento especial para investigar crimen organizado, las intervenciones telefónicas en materia de corrupción se caen.

"Y lo digo yo, la verdad lo digo sin ningún problema, porque las intervenciones que hay en contra de mi patrocinado se hicieron en un periodo en que, o no contienen ninguna información que lo incrimine. Todo lo contrario. Hay intervenciones entre personeros de una empresa que se supone que era a la que favorecía mi cliente, que más bien se quejan de que no le adjudican ninguna licitación a ellos. Entonces yo lo digo sin ningún problema, porque las intervenciones en realidad no afectarían a mi cliente", indicó Dall'Anese.

Pero desde la acera del frente, en el Ministerio Público, la posición es distinta en cuanto al estado de las intervenciones.

En lo que sí coincide la fiscala a cargo del caso, Johanna Rodríguez, con los defensores, es que la vista programada para 2026 será clave para el proceso, dado que puede tener efectos en el fondo del asunto, que incidirán en la toma de decisiones de la investigación.

Otros pendientes

La representante del Ministerio Público, Johanna Rodríguez, detalló que si bien se han logrado importantes avances en la pesquisa, todavía se está a la espera de una serie de gestiones.

Hasta la fecha, la Fiscalía y la Policía Judicial han recabado alrededor 50 informes contables y de investigación, han analizado gran cantidad de prueba documental y entrevistado múltiples testigos.

"Todavía tenemos muchísimas gestiones pendientes ante el juzgado penal, que tampoco han sido resueltos, como actividades procesales defectuosas planteadas por los defensores de las personas imputadas; o la apertura digital de 243 dispositivos electrónicos que hasta el momento no han sido aperturados. Esto debido a que el juzgado penal todavía no ha señalado esa diligencia para llegar y poder hacer el proceso forense de extracción de esa información, y que esa información pueda ser analizada y utilizada dentro del proceso penal.

"De igual manera, todavía se encuentran pendientes algunas gestiones que ha planteado el Ministerio Público ante el juzgado penal, como por ejemplo, solicitudes de levantamiento del secreto bancario. Esto por supuesto que limita la investigación, porque no contamos con esa información bancaria para poder complementarla y analizarla de manera conjunta con el resto de prueba. Esto limita que se puedan generar informes contables que nos hacen falta y que no podemos tenerlos en razón de que no contamos todavía con esa información bancaria", apuntó la fiscala.

¿Y qué ha ocasionado esos atrasos? Según Rodríguez, a lo largo de estos cuatro años fueron constantes las suspensiones de audiencias, debido a choques de agenda de las partes; así como errores de notificación de los órganos jurisdiccionales.

Muestra de ello es que, originalmente, la vista clave del mes entrante originalmente fue convocada para 2026 y, seis días más tarde, se comunicó que la misma contenía un "error material" y que en realidad era para 2025. Como parte de los esfuerzos hechos por el Poder Judicial para evitar la suspensión de vistas de este tipo, la misma se programó en horario nocturno (de 5:00 a 8:00 p. m.).