Incertidumbre por FEES: UCR restringe gasto en pluses y congela plazas administrativas

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, estableció limitaciones a las nuevas solicitudes de pluses salariales y canceló la creación de plazas administrativas, en medio de la "incertidumbre" existente alrededor del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Ambas medidas están contenidas en la resolución R-356-2026, a la que Teletica.com tuvo acceso el martes.

La oficina de prensa del académico confirmó que las disposiciones responden a una política institucional de contención del gasto y uso eficiente de los recursos públicos, que incluye revisiones y actualizaciones periódicas.

Específicamente, se establecen medidas a aplicarse sin importar la fuente presupuestaria que financie los siguientes conceptos:

• Dedicación exclusiva: Durante el segundo semestre de 2026 no se autorizarán nuevas solicitudes, ni a docentes ni a administrativas. La Vicerrectoría de Administración deberá realizar un estudio sobre el comportamiento del rubro para la toma de decisiones en el 2027.
• Incentivo por méritos académicos: Cada caso será valorado por la Vicerrectoría de Administración según la pertinencia y necesidad. No procederá el reconocimiento en caso de que el funcionario se encuentre sujeto al salario global.
• Remuneración extraordinaria: Será valorada en función de la necesidad institucional y no se puede aplicar sobre el salario global.
• Suplencias: Podrán autorizarse únicamente para situaciones de licencias por maternidad, por adopción de menores de edad, vacaciones del personal de seguridad e incapacidades de dos meses consecutivos. En el resto de los casos, cuando exista justificación, los directores de unidades y jefes de oficinas administrativas podrán solicitar a la Vicerrectoría de Administración la autorización para el pago de un recargo de funciones de hasta un 15%.
• Análisis administrativo: No se tramitarán ni realizarán nuevos estudios relacionados con la creación de plazas administrativas.
• Reclasificación y reasignación: No se gestionarán solicitudes de estudios de reclasificación y reasignación de puestos administrativos. Se exceptúan los casos en los que una plaza no cuente con un cargo asignado. En ese supuesto podrá realizarse exclusivamente el estudio de clasificación requerido para definir formalmente las funciones, actividades y responsabilidades inherentes al puesto. El resultado de dicho estudio únicamente podrá formalizarse cuando implique mantener la misma clase ocupacional o una reasignación a una categoría salarial inferior.

También se establecen limitaciones a las erogaciones relacionadas con la partida de "Servicios Especiales" del Fondo de Apoyo a Unidades Ejecutoras, de manera que no podrán cargarse conceptos como dedicaciones exclusivas, remuneración extraordinaria, incentivos por méritos académicos y la reasignación de categoría salarial, entre otros.

Se fijan, además, una serie de criterios para los nombramientos docentes en proyectos de Docencia, Investigación y Acción Social, cargados a la mencionada partida. Entre esos, se dispuso que las iniciativas deben estar inscritas en la vicerrectoría respectiva, aprobadas, vigentes y con los informes al día, en los casos que aplique.

La resolución también ordena a las unidades ejecutoras "gestionar los recursos institucionales con criterios de racionalidad, eficiencia, economía y responsabilidad", al tiempo que se les instruye hacer un análisis de las erogaciones del primer semestre del año, para identificar las disponibilidades presupuestarias cuya ejecución no se prevea durante el presente ejercicio económico.

De igual forma, se anuncia que se hará una valoración general de las partidas, con base en el comportamiento en ejercicios presupuestarios anteriores, a fin de valorar eventuales ajustes en la formulación del plan de gastos de 2027 y 2028.

El mencionado documento considera una serie de circunstancias, como la situación fiscal del país, la aplicación de la regla fiscal (herramienta que establece limitaciones al gasto corriente) y la "incertidumbre respecto del crecimiento sostenido de los ingresos universitarios, particularmente aquellos provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior".

A pesar de lo anterior, la oficina de prensa de la Rectoría rechazó a este medio que la resolución sea una consecuencia del anuncio de recorte del 5% en los presupuestos de 2026 y 2027 que hicieron el 24 de junio pasado la presidenta Laura Fernández, así como el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.

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