Tribunal adelanta juicio contra rector de UCR: empezará la próxima semana
El debate originalmente había sido señalado para abril de 2027.
El juicio contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, fue adelantado.
Originalmente, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública había programado el debate para el 6 y 7 de abril de 2027; sin embargo, ahora prevé celebrarlo a partir del 8 de julio próximo; es decir, casi nueve meses antes.
La información fue dada a conocer por el Semanario Universidad y posteriormente confirmada a Teletica.com por el abogado del académico, Gerardo Huertas.
"Eso nos fue notificado a inicios de esta semana. En realidad, pues, se dio poca anticipación para el juicio... Una semana de tiempo entre el señalamiento y el juicio, pero no hay ningún problema; más bien, siempre hemos sido nosotros, desde la defensa, los más interesados en que este asunto pudiera llegar a debate a la mayor prontitud, porque estamos convencidos de que en ese juicio se confirmará la absoluta inocencia de don Carlos", señaló el jurista.
"Como siempre hemos dicho, aquí se acusó de una forma precipitada y ligera, hechos que consideramos son manifiestamente atípicos y eso es lo que trataremos de hacer ver en el debate", agregó.
Al rector se le atribuye no haberse abstenido de votar una moción que pretendía separarlo del conocimiento de asuntos relacionados con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la casa de enseñanza superior, con el fin de evitar eventuales conflictos de interés.
El académico supuestamente se pronunció en contra del planteamiento y, con esto, consiguió que este no se materializara.
Dicha situación ocurrió el 1.° de abril de 2025 en una sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU).
Tanto Araya como Huertas sostienen que, tan solo un día antes, se trasladó la competencia de esa estructura interna de la institución educativa a otra instancia, por lo que la inhibición no procedía.
El académico se expone a entre uno y cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, como lo establece el artículo 339 del Código Penal.
Además, contra Araya, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una querella —acusación privada— y una acción civil resarcitoria —demanda—. Por esta última, al funcionario se le reclama ₡1 millón por daño social.
