Diputada oficialista propone prohibir importación, venta y uso de vapeadores en Costa Rica

Prohibir desde el uso y el consumo, hasta la importación y venta de los vapeadores en Costa Rica es el fin de un proyecto de ley presentado por la diputada del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Ada Acuña.

Se trata de la iniciativa tramitada bajo el expediente 25.309, la cual se compone de dos artículos.

En el primero, se plantea impedir todo tipo de actividades relacionadas con sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), dispositivos similares sin nicotina (SSSN) y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado o similares.

Tal situación aplica para sus componentes, repuestos, líquidos, accesorios, baterías, cartuchos de nicotina, pitillos aromatizantes, recargas y otros.

De igual forma, se propone ordenar al Ministerio de Salud el emitir la lista de sustancias prohibidas asociadas con estos dispositivos.

El proyecto, además, impulsa la derogatoria de la Ley de regulación de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares. Lo anterior en el tanto que se le considera un “fracaso”.

"Fue una iniciativa personal, como diputada, a raíz de que ahora estoy en la Comisión de Sociales. Y cuando recién llegué, precisamente, se archivó un proyecto de ley que tenía el Ministerio de Salud. Ese proyecto de ley, pues no caló en la Comisión de Sociales y lo que hay ahorita actualmente es un decreto.

"Me informé, he documentado y he visto diversas investigaciones y análisis que nos mantenían atentos al tema y vemos que hay una situación de, prácticamente, descontrol en términos de la gente más joven. Gente que en estos momentos están usando estos vapeadores y que, realmente, están teniendo ya consecuencias en la salud de gente muy joven", explicó la proponente de la iniciativa en conversación con Teletica.com.

La parlamentaria indicó que pudo constatar cómo menores de edad adquieren estos aparatos a través de servicios de mensajería encargados a supermercados, sin que se haga una comprobación efectiva de la edad de quien finalmente recibe el producto.

Solo en lo que va del año, la autoridad sanitaria reporta 25 personas intoxicadas por el consumo de este tipo de sustancias; la mayoría de estos menores de entre 10 y 17 años.

Cuestionada sobre si su iniciativa es la misma a la que la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, ha hecho referencia en diferentes ocasiones, Acuña señaló que no, que conoce que la cartera trabaja en un proyecto por separado.

La congresista agregó que, como parte del proceso al que son sometidos los expedientes en la Asamblea Legislativa, será hasta después que se ordene a la autoridad sanitaria enviar el informe que considere pertinente con su posición y observaciones sobre el planteamiento.

Según la fundamentación del proyecto, México, Brasil, Argentina, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Uruguay y Surinam ya han hecho prohibiciones similares a la planteada.

Efecto colateral

Este medio también le consultó a Ada Acuña, si, por ejemplo, se contempló alguna solución para el impuesto que se eliminaría en caso de que se apruebe la derogatoria de la citada ley.

La diputada descartó tener algún planteamiento en esa línea e insistió en que ello deberá discutirse una vez se tenga las posiciones oficiales del Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

"Si había algún impuesto específico y eso son elementos que hay que analizar y serán elementos en consulta que se va a hacer al Ministerio de Salud", indicó la oficialista.

Valga recordar que esa legislación contempla en su artículo 4 la creación de un tributo específico, equivalente al 20% del valor del producto.

La administración de ese gravamen le corresponde a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, le corresponderá a la Tesorería Nacional girar los recursos que se recauden mensualmente a la institución administradora de los servicios públicos de salud, a efectos de que esta los emplee en medicamentos de alto impacto financiero necesarios para tratar patologías asociados al tabaco.

No obstante lo anterior, hasta hace al menos un año y según el parlamentario del Partido Frente Amplio (PFA), Jonathan Acuña, la Caja no había recibido ni un solo colón por concepto de ese impuesto.

Precisamente, las transferencias que la cartera tenía pendientes de hacer a la entidad que vela por la seguridad social, por concepto de tributos al tabaco, llevaron a ese congresista a presentar en ese momento una iniciativa para obligar a hacer dichos pagos, sin poder echar mano de la excepción prevista en el numeral 15 del capítulo III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Dicha figura es la que Hacienda ha utilizado en los últimos seis años para transferir solo una parte del 55% que pertenece a la Caja por mandato de la Ley General de Control del Tabaco.

La reforma fiscal de 2018 establece que la cartera podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales según la disponibilidad de los ingresos corrientes, niveles de ejecución y superávit, siempre que la deuda del Gobierno supere el 50% del producto interno bruto (PIB) nominal.

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