Una sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública puso fin a un proceso judicial por irregularidades cometidas en la administración de recursos estatales destinados a trámites aduaneros de Japdeva.
El jefe del Departamento de Proveeduría (en el período de investigación de los hechos) de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el empresario Javier Fonseca Castañeda fueron condenados a ocho años de prisión cada uno, tras ser declarados culpables de dos delitos de peculado. Además, el Tribunal ordenó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.
"Los hechos se remontan al año 2005, cuando Japdeva inició un proceso de contratación directa para la nacionalización de la lancha remolcadora Quribrí y la grúa pórtica Pablo Presbere. Para ese trámite, el Departamento de Proveeduría invitó a cinco empresas, con el fin de seleccionar a una para realizar el proceso de desalmacenaje y nacionalización.
"No obstante, la contratación fue adjudicada a Fonseca Castañeda, pese a que no estaba autorizado para ejercer como agente aduanero y sin que su oferta representara la opción más favorable desde el punto de vista técnico", señaló el Ministerio Público.
En julio de ese año se aprobó un pago por ₵168.712.580,14 provenientes de fondos públicos, destinados a la cancelación de impuestos y cargas tributarias.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción demostró que, mediante la utilización de información falsa en las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA) y con la participación de un tercer imputado —ya fallecido— que sí contaba con autorización como agente aduanero, se realizó un pago inferior al que correspondía legalmente. Como resultado, se cancelaron cerca de ₡89 millones, generando un beneficio indebido superior a los ₡76 millones, monto que no fue justificado ni reintegrado a la institución.
"El segundo delito de peculado se configuró en agosto del mismo año, cuando el entonces funcionario autorizó un nuevo desembolso bajo el argumento de que las embarcaciones habían quedado en condición de abandono por no haberse nacionalizado oportunamente. Ese supuesto trámite adicional fue valorado en ₡39.347.286,63 y solicitado por el empresario", indicó el Ministerio Público.
Según la Fiscalía, el pago se efectuó sin respaldo documental que acreditara la necesidad del gasto, lo que ocasionó un perjuicio económico total que supera los ₡115 millones para Japdeva.
Mientras la sentencia queda en firme, ambos imputados deben cumplir medidas cautelares que incluyen la obligación de presentarse a firmar una vez al mes, mantener actualizado su domicilio, entregar el pasaporte y acatar la prohibición de salida del país.
El proceso judicial se tramitó bajo el expediente número 06-200220-0472-PE.