Juicio de Celso Gamboa y Juan Carlos Bolaños queda en suspenso una semana
La Fiscalía pide separar al exmagistrado y exministro de Seguridad Pública del proceso ante la pérdida de relevancia del mismo frente a la solicitud de extradición a Estados Unidos.
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública aplazó, por lo que resta de la semana, el arranque del juicio contra el abogado Celso Gamboa y el empresario Juan Carlos Bolaños.
Luego de que la Fiscalía General pidiera separar al exmagistrado y exministro de Seguridad Pública del debate, en virtud de la pérdida de importancia de este frente al proceso de extradición a Estados Unidos que afronta paralelamente; la defensa del importador de cemento chino y la del primo de este último, de apellido Rojas, solicitaron tiempo para estudiar la prueba que el Ministerio Público ofreció en su pedido.
Frente a esa situación, y tras discutirlo con sus compañeros, el juez Franz Paniagua comunicó que el debate quedaba suspendido hasta el próximo 19 de enero, para que los abogados Roy Monge y Eduardo Bolaños pudieran analizar la sentencia 1628-2025 (que avaló la entrega del exjerarca al gigante norteamericano) y preparar sus alegatos.
El fiscal Christopher Moreno sustentó su pedido en el artículo 22, inciso D, del Código Procesal Penal, que contempla la posibilidad de prescindir de la persecución penal total o parcial de una persona, si la sanción a imponer en Costa Rica carece de relevancia, en consideración con el castigo que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.
Gamboa se expone a una pena de más de 10 años de cárcel en Estados Unidos, por supuesto tráfico internacional de drogas. Ese castigo es más severo que cualquiera que podría derivar del expediente 17-000015-0033-PE, que es el que está listo para la celebración del contradictorio.
La solicitud del representante del Ministerio Público fue previamente avalada por el fiscal general Carlo Díaz y la fiscala adjunta Edith Morera, con lo que Moreno estimó que se cumplen los supuestos previstos para que la gestión sea acogida por el Tribunal Penal de Hacienda.
Tal situación fue respaldada por los procuradores Federico Quesada y Amy Román. Ambos aclararon que no prescindían de la querella (acusación privada) ni de la acción civil resarcitoria (reclamo económico por daños provocados), pero que apoyaban suspender la persecución hasta que se aclarara la situación del exmagistrado.
Incluso el exministro de Seguridad Pública dio su visto bueno a la solicitud del Ministerio Público, al cuestionar cuál sería el perjuicio de que él sea separado del proceso, ya que si su extraditación no queda en firme tras la apelación formulada por él y su defensa, podrá continuarse con la persecución.
La determinación del Tribunal Penal de Hacienda será conocida hasta la semana entrante, después de que se escuchen las posiciones de Monge y Bolaños.
