¿De dónde saldrán los ₡13.242 millones que recortará el Poder Judicial?

En atención a una solicitud del Gobierno de la República, la Corte Suprema de Justicia acordó este lunes una millonaria rebaja en su presupuesto del año en curso.

La cifra asciende a los ₡13.242 millones, lejos de los ₡27.076 millones que el Poder Ejecutivo pretendía que fueran recortados en el Judicial.

Sin embargo, durante casi cuatro horas de discusión, magistrados y funcionarios abordaron alternativas de ajuste, en aras de hacer un esfuerzo en la contención del gasto que permita garantizar la sostenibilidad fiscal, como lo pidió el 24 de junio pasado el Ministerio de Hacienda.

El planteamiento —finalmente acogido con 13 votos de los altos jueces contra ocho— estuvo a cargo de la directora ejecutiva de la Corte, Ana Eugenia Romero. La servidora fue enfática en que esa propuesta es el "mejor esfuerzo institucional" posible.

Así las cosas, como parte de la rebaja, el Poder Judicial renunció a ₡8.688 millones que la Asamblea Legislativa le había asignado en la discusión del Presupuesto Nacional 2026, pero que, de acuerdo con Romero, no pudieron ejecutarse porque Hacienda no lo avaló (sobre el particular, Teletica.com tiene en trámite una consulta).

Originalmente, esos recursos estaban orientados a la creación de 176 plazas para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), contratación de alquileres y compra de vehículos para tres delegaciones en La Cruz, Cabo Velas (Tamarindo de Santa Cruz) y Puerto Jiménez.

También para la contratación de 109 custodios de detenidos, necesarios para la celebración de audiencias y juicio.

Los fondos, además, contemplaban 99 plazas para el Ministerio Público.

"¿Por qué estamos proponiendo ceder estos recursos? Porque desde que se nos remitió por parte del Ministerio de Hacienda las instrucciones para la programación presupuestaria del periodo 2026 se nos indicó que esos recursos deberían mantenerse en una condición de 'no ejecución'. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien los recursos fueron incorporados en el presupuesto de la institución, lo cierto es que, ante esta restricción que nos impone el Ministerio de Hacienda, no se pueden utilizar.

"Entonces al finalizar el periodo presupuestario, esos recursos quedarán disponibles en nuestro presupuesto", explicó la directora ejecutiva.

A esos recursos, deben sumarse otros ₡2.005 millones de recursos remanentes producto del tipo de cambio, en el tanto que al momento de la elaboración del plan de gastos se usó como base una tasa de ₡530 y, en la actualidad, esta es de ₡460. Tal situación arroja una diferencia en compras y contrataciones realizadas en dólares.

Deben agregarse rebajas por ₡241 millones por contrataciones fallidas, ₡241 millones en servicios públicos y ₡465 millones por prestaciones legales (expectativa de jubilados que se incumplió).

Otros ₡1.613 millones se desprenden de devoluciones del Instituto Nacional de Seguros (INS) por incapacidades en riesgos de trabajo.

"Temas sensibles"

Los recursos recortados se planteaban para dirigir a puntos calientes en los que la Policía Judicial veía oportuno abrir oficinas regionales.

El director general interino del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, explicó que en La Cruz existe una gran problemática de violencia y narcotráfico; en Cabo Velas, el problema tiene que ver con estructuras criminales que buscan explotar la venta de drogas a turistas; mientras que Puerto Jiménez busca reforzar la presencia policial en una zona "limitada" tras el retiro del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).

"Estos son tres temas muy sensibles. El resto de los recursos tienen que ver con las plazas de carceleros. Ustedes constantemente, y el Consejo Superior a cada rato, reciben notas de los señores jueces, de que no les estamos dando bien el servicio. Y esa es la realidad: no se los estamos dando bien", señaló Soto.

Entretanto, la fiscala subrogante, Karen Valverde, hizo una reflexión sobre cómo los recortes pretendidos inciden en el acceso a la justicia.

"Con esos recursos que venían, que ya no, íbamos a reforzar poblaciones vulnerabilizadas y algunas fiscalías territoriales que requieren para un mejor servicio público. Creo que aquí todos lo tenemos claro: lo que se afecta no es el fiscal general (Carlo Díaz), no el Ministerio Público, es la función del Poder Judicial, que es una función de servicio público esencial para el Estado de Derecho y para la garantía de la democracia, desde ese concepto sustancial de democracia, que es el respeto de los derechos fundamentales", señaló la funcionaria.

Valverde mencionó que los 141 allanamientos ejecutados el 23 de junio anterior por el caso Riverside ameritaron la participación de 100 fiscales y agregó que, frente a un escenario como el planteado, podría reducirse la capacidad operativa para ejecutar un operativo de esa magnitud.

Las diligencias por ese escándalo, que permitieron la detención de los herederos del presunto narcotraficante Edwin López, alias "Pecho de Rata", son las más grandes jamás realizadas por la Policía Judicial y costaron más de ₡200 millones.

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