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Juez debe resolver extradición de Celso Gamboa a más tardar el 7 de octubre, dice su abogado
El caso entró en su etapa final, luego de que venciera el plazo de las partes para referirse a la documentación aportada por Estados Unidos.
La representación legal de Celso Gamboa estima que el Ministerio Público violentó los derechos de defensa del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública en la investigación de un presunto uso de documento falso.
Su abogado en este proceso, Rándall Céspedes, así lo hizo ver al ser consultado por Teletica.com la tarde del jueves, al cabo del interrogatorio del fiscal Esteban Chavarría, quien fue el que ordenó se testimoniaran piezas (se iniciara una causa derivada de otra) por los hechos que ahora juzga el Tribunal Penal de Cartago.
El jurista interrogó por casi dos horas al representante del Ministerio Público, por asuntos relacionados con diligencias que este ordenó luego de que se le pidiera rendir un informe sobre un comprobante que presentó Gamboa para justificar su ausencia en una audiencia que ambos tenían el 3 de octubre de 2019. En esa vista iban a conocer una apelación por las medidas cautelares dictadas en un caso por aparente cultivo de marihuana.
Inicialmente, el fiscal —quien declaró en el debate como testigo— sostiene que la audiencia se suspendió porque Gamboa —quien defendía a un hombre de apellido Bastos— no acudió. Primero, el exmagistrado dijo en una llamada que estaba en una diligencia judicial, pero luego presentó una constancia del entonces director de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, que había ido a consultar un expediente de contrabando.
Esa contradicción, explicó Chavarría, lo llevó a ordenar el decomiso de videos y bitácoras de ingreso al edificio Mira, en Zapote de San José, para intentar constatar si el exministro estuvo o no donde el documento aseguraba que estuvo.
Céspedes cuestionó la forma en la que se llevaron a cabo esas diligencias y si el testigo llevó a cabo otras pericias para determinar que el comprobante efectivamente había sido firmado por Malespín y debidamente sellado por la Policía de Control Fiscal.
"Hay una situación muy particular y por eso yo le hice las preguntas al respecto, y se los puedo decir abiertamente porque no es algo que no se vaya a decir, y ahí están las actas de apertura de evidencia. Don Esteban Chávarria hizo diligencias de apertura de evidencia dentro del expediente principal que era una investigación por cultivo de droga, como él bien lo contestó.
"¿Qué tenía que ver lo que nos tiene hoy en juicio con ese expediente? Es totalmente improcedente esa apertura de evidencia que él hace bajo ese expediente del 2018 sin convocar a las partes de ese expediente, porque si él lo hizo, la apertura de ese expediente, tenía sí o sí que convocar a las partes en criterio de esta defensa, o en su defecto, sencillamente, hacer una denuncia ante la Fiscalía de Probidad, enviar las piezas que él considerara y entonces la Fiscalía de Probidad, ya no él, hacer todas esas diligencias que él hizo sin cumplir como lo dicta la ley, garantizando el derecho de defensa de todas las personas, si él consideró hacerlo dentro de ese expediente y así lo hizo", explicó el abogado.
Céspedes recordó que, además, ni él ni nadie tuvo acceso a la constancia como tal, sino a una fotografía de la justificación que fue enviada por Gamboa mediante correo electrónico. De ahí que, para el jurista, no se está ante un documento falso, como lo consideró el Ministerio Público en la acusación.
Pero el jurista también sostuvo que, según una acta de la audiencia que no se celebró, el motivo real de la suspensión fue una solicitud del representante de un coimputado de apellido Cortés, Rodrigo Araya, quien deseaba que su cliente estuviera presente en la vista (ese día estuvo ausente por un brote en la cárcel en la que estaba recluido).
La tesis de la Fiscalía es que Gamboa en apariencia usó un comprobante de asistencia falso expedido por Malespín para faltar a una audiencia y que esta situación supuestamente le provocó un perjuicio a la administración de justicia, en el tanto que se erogaron recursos públicos en trasladados y horas de funcionarios judiciales.
El contradictorio está previsto para continuar el próximo martes a partir de las 8 a. m.