La discusión en torno a una ley de ejecución de la pena, vetada por el Ejecutivo, ha generado un fuerte debate en las últimas semanas.
En medio de cuestionamientos sobre su supuesto carácter permisivo, el juez de ejecución de la pena y coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, Mario Rodríguez, conversó con Teletica.com, defendió la iniciativa y asegura que se trata de un esfuerzo por ordenar, fortalecer y dar seguridad jurídica a una etapa del proceso penal históricamente desatendida.
¿Por qué considera necesaria una reforma a la ley de ejecución de la pena en el país?
La necesidad de esta ley responde a una deuda histórica que arrastra el país desde hace más de 50 años. Actualmente, la ejecución de la pena —que es la última etapa del proceso penal— se regula con menos de diez artículos del Código Procesal Penal, además de la ley que crea el Ministerio de Justicia y una serie de reglamentos que han sido modificados constantemente según el gobierno de turno.
Esto ha generado un sistema fragmentado, poco claro y dependiente de disposiciones administrativas. La propuesta busca llenar ese vacío, estableciendo un marco jurídico integral que regule de manera clara cómo se cumplen las sentencias en Costa Rica.
¿Tiene fundamento el argumento del Gobierno de que esta ley es permisiva?
Ese argumento carece de sustento. Se ha difundido la idea de que la ley permitirá una mayor salida de personas privadas de libertad, lo cual considero totalmente falso. Más bien, la normativa lo que hace es delimitar y ordenar los beneficios existentes, estableciendo reglas claras y evitando interpretaciones amplias. Este es un punto que los diputados deben analizar con detenimiento, ya que la discusión pública se ha basado en percepciones erróneas.
¿Qué cambios concretos introduce la propuesta de ley?
La ley establece una organización más clara de las competencias entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, lo cual actualmente no está bien definido. Además, fortalece el sistema penitenciario al darle rango de ley a aspectos que hoy dependen de reglamentos, como la atención penitenciaria, el trabajo dentro de los centros, la atención interdisciplinaria y la movilidad de la población privada de libertad.
También mantiene el control institucional sobre la ubicación y traslado de las personas privadas de libertad, regula distintos tipos de penas —no solo las privativas de libertad— e incorpora el principio de progresividad, que permite que las personas avancen en su proceso según su comportamiento.
¿Cómo se verían beneficiadas las víctimas con esta reforma?
Uno de los avances más importantes es la inclusión de la víctima en la etapa de ejecución de la pena. Actualmente, si una persona no se constituye como víctima antes de la sentencia, pierde la posibilidad de participar posteriormente. Con esta ley, se abre la posibilidad de que pueda integrarse en cualquier momento del proceso, siempre que tenga interés. Esto reconoce que las necesidades de las víctimas pueden cambiar con el tiempo y les da mayor participación en decisiones relevantes.
¿Qué sucede con los beneficios penitenciarios como la libertad condicional?
La ley no amplía beneficios, sino que los regula. Actualmente, existe una situación desordenada en la que una persona puede solicitar libertad condicional de manera reiterada, incluso después de haber sido rechazada recientemente. Esto genera una carga innecesaria para todo el sistema: jueces, defensores, fiscales y equipos técnicos deben repetir procesos sin que haya cambios sustanciales en las condiciones del solicitante. La ley establece límites a estas solicitudes, evitando abusos y promoviendo un uso más eficiente de los recursos.
¿Cuál es su posición sobre darle la última palabra al Instituto Nacional de Criminología?
Otorgar un poder absoluto al Instituto Nacional de Criminología no es adecuado ni compatible con un Estado de derecho. En ningún país la administración penitenciaria tiene control total sobre las decisiones de ejecución de la pena. Los jueces cumplen una función esencial de control legal, garantizando que las decisiones se ajusten a la ley y que las personas tengan la posibilidad de cuestionarlas. Sin ese equilibrio, se corre el riesgo de decisiones arbitrarias.
¿Los jueces de ejecución tienen responsabilidad en la crisis de inseguridad?
Los datos evidencian lo contrario: en los últimos cuatro años se tramitaron 6.600 solicitudes de libertad condicional y solo 312 fueron aprobadas. Esto demuestra que no existe una política permisiva.
Además, muchas de las decisiones que se critican no corresponden a los jueces de ejecución, sino a otras etapas del proceso penal o a decisiones administrativas. La responsabilidad es compartida por todo el sistema penal, y no puede atribuirse a un solo actor.
¿Qué responde ante casos mediáticos donde se cuestiona la liberación de personas?
Algunas liberaciones responden a beneficios administrativos, como los otorgados por el Instituto Nacional de Criminología, y no a decisiones judiciales directas. En esos casos, los jueces únicamente verifican que los requisitos legales se cumplan correctamente. Por ello, considero injusto que se responsabilice a los jueces por decisiones que no les corresponden.
¿Por qué considera que el Gobierno veta esta ley?
El veto responde a una mala interpretación de la norma. La ley no le quita competencias a la administración penitenciaria ni otorga poderes adicionales a los jueces. Más bien, busca organizar un sistema que durante años ha funcionado con base en decretos y decisiones administrativas. Resulta difícil comprender por qué, después de un proceso de construcción conjunta entre distintas instituciones, se cuestione el proyecto en esta etapa.
¿Qué impacto tendría aprobar esta normativa?
Sería un avance fundamental para el país. La ley permitiría establecer reglas claras, fortalecer el control institucional y garantizar que las penas se cumplan bajo criterios legales y constitucionales. Además, reduciría la improvisación y brindaría mayor seguridad jurídica tanto a las autoridades como a la población privada de libertad.
¿Cuál es su llamado a los diputados?
Hago un llamado a la reflexión para que valoren el trabajo técnico realizado durante años y comprendan que esta ley representa una oportunidad histórica.
No se están creando nuevos beneficios ni debilitando al sistema, sino organizándolo. Aprobar esta normativa permitiría saldar una deuda de más de medio siglo y avanzar hacia un sistema penitenciario más ordenado, justo y eficiente.
Declaraciones del juez Mario Rodríguez: