Rodolfo Brenes, doctor en Ciencias Jurídicas.
Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirmó un dato doloroso, que debería avergonzarnos como país: Costa Rica tiene la tasa de pobreza infantil más alta entre sus 38 miembros. Cerca del 29% de nuestros niños, niñas y adolescentes vive en pobreza, según el informe “Gastar mejor en la infancia mediante políticas sociales”. Es más del doble del promedio de la organización (12,5%) y más de seis veces la tasa de países como Dinamarca o Finlandia.
Peor todavía, la triste estadística no es una novedad, pues desde el año 2021, cuando ingresamos a la OCDE, encabezamos esa lista en todas las mediciones. Los números son fríos, pero detrás de ellos hay más de trescientos mil niños, niñas y adolescentes que viven en condiciones precarias, con padres desempleados o atrapados en la informalidad.
En mayo de este año, UNICEF publicó el estudio “Desigualdad de oportunidades: niñez y desigualdad económica”, que sitúa en 37% la tasa de pobreza infantil en nuestro país. La OCDE y UNICEF utilizan metodologías y umbrales de pobreza distintos, lo que explica la diferencia en las cifras. En cualquier caso, ambos estudios reflejan una verdadera tragedia humana.
Desde una perspectiva jurídica, el Estado costarricense está fallando flagrantemente en sus obligaciones de protección de la niñez. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de todo niño “a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”, y obliga al Estado a proporcionar “asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda” (art. 27).
Reconoce también su derecho a la educación “en condiciones de igualdad de oportunidades” (art. 28), una educación que debe desarrollar sus aptitudes “hasta el máximo de sus posibilidades” (art. 29). Para lograrlo, el Estado debe destinar “el máximo de los recursos de que dispongan” (art. 4).
Por su parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia contiene obligaciones similares y dispone que la falta de acciones gubernamentales para garantizar la educación gratuita “constituirá una violación del derecho e importará responsabilidad de la autoridad competente” (art. 59). Conforme al artículo 4, “el Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender las obligaciones aquí establecidas”. Pero esa obligación, hoy es letra muerta.
Aunque la Constitución Política ordena que el gasto público en educación “no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto” (art. 78), la realidad está muy lejos de ese mandato. Según el X Informe del Estado de la Educación, del Programa Estado de la Nación, la inversión educativa cayó del 7,5% del PIB en 2017 al 5% en 2025, un nivel comparable al de 1980. Es la mayor caída en cuarenta años, y el informe advierte que no responde solo a la regla fiscal, sino a la decisión política de usar la educación como “variable de ajuste fiscal”.
En enero de 2025, la Sala Constitucional declaró por unanimidad que el presupuesto de ese año era inconstitucional por omisión, al no destinar el 8% a la educación, “en perjuicio del derecho constitucional a la educación gratuita y costeada por la Nación”. El ministro de Hacienda trató de justificarse alegando que el Estado “no puede cumplir” con esa obligación. Es decir, usó precisamente el argumento que el Código de la Niñez prohíbe invocar.
A esto se suman los recortes aplicados a las ayudas sociales destinadas a nuestra niñez. Entre 2019 y 2024, según el mismo informe, los programas de becas, comedores y transporte perdieron el 19,1% de su presupuesto real. En esas condiciones, sostener a los niños más pobres en las aulas se vuelve cada vez más difícil.
Y la tendencia continúa. Para 2027, la Contraloría ha advertido sobre recortes al IMAS y al PANI, mientras que el Cinpe-UNA señaló que el gasto social es el más bajo de la última década.
Este cúmulo de falencias estatales produce consecuencias concretas y visibles. Según el Estado de la Educación, con base en las pruebas PISA 2022, solo una cuarta parte de los estudiantes de secundaria lee al nivel esperado, y en matemáticas el 96% se ubica en niveles insuficientes. Los niños aprueban las materias, pero en realidad no aprenden.
Los datos preocupan, pues la educación es una herramienta fundamental de movilidad social. Sin embargo, la pobreza la debilita. UNICEF concluyó en su estudio que la desigualdad económica se asocia con peor salud y menor rendimiento escolar.
En nuestro país, según la Encuesta Nacional de Hogares 2026 del INEC, en el 20% de hogares más pobres, las personas de 15 años o más tienen en promedio poco más de 7 años de escolaridad y una tasa de desempleo del 20%. En el 20% más rico, superan los 13 años de estudio y el desempleo es de apenas 1,4%. El ingreso de unos hogares es casi once veces el de los otros. En suma: a mayor ingreso, más años de estudio y menos desempleo; a menor ingreso, exactamente lo contrario. Los efectos de la desigualdad económica son evidentes.
Por eso cada recorte tiene rostro y marca la vida de nuestra niñez. De mantener la situación actual, estaremos perpetuando el ciclo de la pobreza y condenando a generaciones enteras a una vida de limitaciones, sin una verdadera igualdad de oportunidades.
Una sociedad que no vela por sus niños hipoteca el futuro, el de ellos y el del país. No se trata de una cuestión ideológica, sino de cumplir con la Constitución, los tratados de derechos humanos y nuestras propias leyes. Más allá de eso, y más importante quizá, se trata de cumplir con un elemental deber humano: el de solidaridad con el prójimo.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores corresponden únicamente a sus opiniones y no reflejan las de Teletica.com, su empresa matriz o afiliadas.