A pesar de condena internacional, gobierno de Nicaragua justifica detención de opositores

El gobierno de Nicaragua aseguró el martes que las detenciones de precandidatos presidenciales opositores al gobierno de Daniel Ortega, a cinco meses de las elecciones, no son "políticas" sino porque promueven un "golpe de Estado".

La cantidad de opositores detenidos en el país sumaba 19 el martes, entre ellos 5 aspirantes a la presidencia. Según el canciller nicaragüense, Denis Moncada, todos ellos son procesados por delitos tipificados en las leyes locales.

"Son delitos que están relacionados con el encabezamiento y la dirección de golpes de Estado (...), actividades vinculadas con terrorismo, menoscaban la independencia y la soberanía del Estado nicaragüense", dijo Moncada en una entrevista a la cadena Telesur.

Piden "intervenciones militares, demandan sanciones contra el Estado y contra nuestros ciudadanos", lo que la ley considera "traición a la patria", sostuvo Moncada.

Tras una redada policial que inició el 2 de junio, han sido detenidos los precandidatos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana) y Miguel Mora.

Cristiana es acusada de lavado de dinero a través de la fundación que presidió, y que llevó el nombre de su madre, Violeta Barrios de Chamorro.

Al resto se le aplica una ley aprobada por el Congreso oficialista que permite procesar a quienes, a juicio del gobierno, cometan actos que inciten "a la injerencia extranjera".

"Quienes están siendo procesados (...) no son candidatos presidenciales, son directivos de organismos no gubernamentales que reciben financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea, y los destinan precisamente, para desestabilizar el país", aseguró el canciller.

"No son por razones políticas, es por indicios en la comisión de delitos especificados claramente en las leyes de Nicaragua", agregó.

Este martes, el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana y director de medios digitales críticos del gobierno, abandonó el país junto con su esposa, para "resguardar" su libertad.

Denunció que "después del allanamiento policial" a su vivienda el lunes, "tres vehículos con civiles a bordo mantuvieron vigilancia afuera" de la casa de su madre, la expresidenta, hasta la mañana de este martes.

La exmandataria Violeta Barrios de Chamorro, de 91 años, se encuentra delicada de salud desde hace dos años, según su familia.

Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en los comicios del 7 de noviembre.

Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.