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El Grupo Operacional Ambiental (GOA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) logró detener a once personas durante un operativo especial realizado en el Parque Nacional Tortuguero y zonas aledañas.

La acción policial se realizó del 1° al 10 de julio con el objetivo principal de frenar los delitos ambientales en la zona Atlántica del país.

Seis sujetos fueron aprehendidos cuando se encontraban arponeando tortugas, aguas adentro del parque nacional; otros dos individuos, de apellidos Rojas y Corrales, fueron capturados por caza ilegal. A la hora de la detención uno poseía un armadillo y un arma blanca (cusuco) y el otro un rifle, machete y foco.

Dos personas más, de apellidos Aguilar y Vargas, fueron descubiertas y, por ende, detenidas cuando estaban aserrando madera de procedencia ilegal.

“La operación denominada MYDAS, tiene como objetivo fortalecer la vigilancia para atacar los delitos relacionados en especial por arponeo de tortugas, cacería y tala ilegal en la provincia de Limón. Contó con fases de planeamiento, ejecución y seguimiento de los delitos ambientales denunciados dentro y fuera de las Áreas Silvestres Protegidas en Tortuguero”, dijo Miguel Madrigal, jefe del GOA.

Por su parte, Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente, indicó que “ante la mayor incidencia de este tipo de delitos en el marco de la emergencia nacional a raíz del COVID-19, seguiremos reforzando las operaciones del Grupo Policial Ambiental especializado del MINAE-SINAC en diferentes partes del país”.

Todos los detenidos fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía.

Sanciones por delitos ambientales

Por cacería, tenencia y portación ilegal de armas, la pena va de tres meses a cinco años de prisión, mientras que por los delitos de Infracción a la Ley de Vida Silvestre las personas se exponen a penas de seis meses a un año de cárcel. Sin embargo, podría aumentar de uno a tres años si se trata de animales en peligro de extinción.

Por delitos relacionados con la infracción a la Ley Forestal, las penas de cárcel son: por el delito de procesamiento ilegal, de tres meses a tres años y por la adquisición ilegal, de un mes a tres años.