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Con el voto afirmativo de 33 diputados este lunes quedó aprobado en segundo debate el expediente 21.658, que regula los sistemas electrónicos de administración de nicotina (o sin nicotina) y similares, popularmente conocidos como vapeadores o cigarros electrónicos.

El principal cambio es que, a partir de la publicación de la ley, es que ahora se equiparan las restricciones del cigarrillo común a estos aparatos, de manera que sus usuarios ya no podrán utilizarlos en lugares públicos.

Además, se definió un impuesto de 20% para la importación y compra de estos dispositivos como una forma de compensar el impacto que tienen en la seguridad social y así, en teoría, desincentivar su uso.

La discusión enfrentó a dos vertientes de pensamiento en el Plenario: por un lado, diputados como María Inés Solís (PUSC) defendieron que un impuesto tan alto castigará a quienes han visto en los vapeadores una forma de dejar el cigarrillo común, que para muchos es más nocivo que estos nuevos dispositivos.

Sin embargo, la tesis de la mayoría fue que el propósito de ese impuesto es precisamente desincentivar el consumo de nicotina y otros químicos en la población.

José María Villalta había dicho que el año pasado el país recaudó ₡27 mil millones por el impuesto al tabaco, una cifra muy corta en comparación a los más de ₡300 mil millones que dijo le costó al país atender enfermedades relativas al tabaco.

El proyecto, además, establece sanciones económicas para quienes utilicen estos aparatos en lugares públicos o bien para aquellas empresas o personas que los vendan de manera ilegal, a menores de edad o bien a quienes permitan su uso en espacios prohibidos.