Por Paulo Villalobos 23 de marzo de 2026, 15:32 PM

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) anunció este lunes que llevará adelante nuevas estrategias dirigidas a contener la minería ilegal en Crucitas, luego de que la Sala Constitucional condenara al Estado por su inacción frente a ese problema que tiene lugar en las comunidades aledañas a Cutris de San Carlos.

Precisamente, esa cartera es una de las cuatro a las que los magistrados giraron órdenes en el voto 2026-10560, que fue emitido el sábado anterior pero que trascendió hasta dos días después. Las otras son las de Ambiente y Energía, Salud y Presidencia, además del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

"El primer elemento que la Sala nos indica es el mantener presencia policial en este sector, situación que hemos realizado como ha sido manifiesto ya desde hace varios años atrás, a sabiendas de que es un fenómeno constante, complejo y variante. Se han tomado acciones diferentes como la obstrucción a través del uso de explosivos de ciertos agujeros o espacios que han utilizado para extraer material minero, especialmente en el sector de la finca Vivoyet.

"Esto ha provocado eventualmente la movilización y el traslado de estas personas. Ante esto, el Ministerio de Seguridad Pública, a través de diferentes unidades policiales, el apoyo aéreo, el desarrollo tecnológico y el patrullaje constante de personas de Los Chiles, Upala, la Dirección de Operaciones, la Dirección de Unidades Especiales, se ha estado atendiendo el problema y hemos definido una serie de estrategias nuevas que justo van a esa permanencia en otros sitios que se requieren atender de manera oportuna", explicó el viceministro de Unidades Regulares, Éric Lacayo.

El jerarca agregó que, recientemente, se han llevado a cabo coordinaciones con los propietarios de fincas del sector.

De la mano con lo anterior, se tiene operativos constantes de la Policía Profesional de Migración (PPM) en la zona, en el tanto que se cree que la actividad ilegal la llevan a cabo principalmente extranjeros en condición irregular.

Una de las órdenes giradas a Seguridad está dirigida a mantener de modo permanente e indefinido la presencia policial en el lugar y reforzar el control migratorio para impedir el ingreso irregular de extranjeros a través de la frontera con Nicaragua.

Otra de las instituciones recurridas es el Ministerio de Salud, cuya titular, la también vicepresidenta Mary Munive, señaló que el fallo no le impone nuevas obligaciones, sino que reconoce y respalda las acciones que ha ejecutado.

"Desde hace años, el ministerio ha estado en el territorio: vigilando la calidad del agua, garantizando el abastecimiento mediante camiones cisterna, supervisando las tanquetas y atendiendo denuncias, siempre en coordinación con otras instituciones del Estado. Es decir, el trabajo no empieza hoy, ni responde a una orden judicial. Ya se estaba haciendo", subrayó la ministra.

La jerarca insistió en llamar a la Asamblea Legislativa a aprobar el expediente 24.717, que plantea legalizar la exploración y explotación de minería a cielo abierto.

Por su parte, Acueductos y Alcantarillados aseguró que ha garantizado el abastecimiento del líquido vital en las comunidades desde hace tres años mediante su distribución en cisternas, tanques de almacenamiento y distribución casa por casa.

Ello mientras se llevaba a cabo un proyecto que busca llevar agua potable a las comunidades afectadas. Hasta ahora, se ha instalado la tubería inicial, mientras se tiene en marcha la construcción de infraestructura de almacenamiento. De forma simultánea, se lleva a cabo una licitación para ampliar el sistema de distribución. La inversión total supera los ¢11.307 millones.

Sobre el particular, Teletica.com tiene en trámite una consulta ante las oficinas de prensa de la Presidencia. También se procuró una posición de Ambiente y Energía, pero su departamento de comunicaciones señaló que este la vocería la ejercería Seguridad Pública.

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