Por Paulo Villalobos 14 de agosto de 2026, 10:52 AM

La resolución de la Sala Constitucional que anuló el rechazo de la exdiputada Rocío Alfaro como representante ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) "frena la injerencia política" e "impone justicia", según la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca).

Mediante un comunicado, la organización de trabajadores celebró el voto 2026-031380 emitido el jueves y llamó al Consejo de Gobierno a acatarlo en todos sus extremos.

Los magistrados declararon con lugar un amparo en el que se alegó que el Poder Ejecutivo desconoció la voluntad expresada democráticamente por el movimiento sindical, que por mayoría escogió el 9 de junio pasado a la exlegisladora del Partido Frente Amplio (PFA) para la Junta Directiva de la institución más importante del país, que se conforma por representantes del Estado, los patronos y los trabajadores.

Desde la perspectiva de la Unión de Empleados, la voluntad del sector obrero "no puede ser sustituida por decisiones políticas" del Gobierno, que declinó la designación a partir de un informe rendido por la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, en el que se señalaba que Alfaro tiene militancia activa y carece de formación en materia económica, por lo que incumplía los requisitos para el puesto. 

No obstante, tanto la excongresista como diferentes sindicatos sostienen que la ley constitutiva de la entidad no contempla tales requerimientos.

Asimismo, la organización de trabajadores sostuvo que la resolución constituye "una importante reivindicación de la justicia, la democracia y la libertad sindical", al tiempo que calificó el pronunciamiento unánime del Alto Tribunal como de "enorme trascendencia para la institucionalidad democrática y el respeto a la autonomía" que la Constitución Política da a la Caja de Seguro Social.

"Los representantes del sector sindical ante la Junta Directiva de la Caja los elige la asamblea sindical y el Poder Ejecutivo no puede impugnar esas designaciones. No corresponde al Gobierno escoger cuál representante sindical le resulta conveniente, aceptable o políticamente afín", subraya el comunicado.

El sindicato demandó el "cumplimiento inmediato" de la sentencia e hizo ver que "ningún Gobierno está por encima de la Constitución", de la ley ni de la libertad sindical.

Hasta el cierre de esta publicación, el Poder Ejecutivo no se ha pronunciado sobre la resolución.

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