Sala Constitucional estudia cuatro gestiones contra declaratoria de secreto de Estado
Diferentes ciudadanos alegan violaciones al acceso de información de interés público y a la fiscalización sobre el uso de recursos públicos, entre otros.
La Sala Constitucional empieza a acumular gestiones contra la declaratoria de secreto de Estado dispuesta por la presidenta Laura Fernández en documentación y archivos del Consejo Nacional de Seguridad, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo de trabajo llamado "Fuerza Élite".
El Alto Tribunal confirmó este lunes, ante consulta de Teletica.com, que tiene bajo estudio de admisibilidad tres amparos y una acción de inconstitucionalidad formulados contra el decreto ejecutivo 45870-MSP, publicado el 10 de agosto pasado.
Los recursos mencionados se tramitan bajo los expedientes 26-29318-0007-CO, 26-28940-0007-CO y 26-029527-0007-CO.
En ellos se alega una afectación al derecho de acceso a la información pública y a la fiscalización sobre el uso de recursos públicos (pues la declaratoria cubre presupuestos y contrataciones). Asimismo, se cuestiona que las citadas restricciones se establezcan mediante un decreto ejecutivo.
El tercero estima violentados los artículos 9 (división de poderes), 11 (funcionarios públicos como simples depositarios de la autoridad), 18 (deber de observar las leyes), 30 (acceso a información de interés público) y 139, inciso 3 (establecimiento del mando supremo de la Fuerza Pública como atribución exclusiva de quien ejerza la Presidencia de la República) de la Constitución Política, detalló la oficina de prensa de la Sala.
Los recurrentes pretenden que sus recursos sean declarados con lugar y que, por consiguiente, se anule el decreto. Uno de ellos (el de la sumaria 26-28940-0007-CO) también solicitó una medida cautelar que suspenda de inmediato los efectos de la declaratoria, mientras se tramita el amparo.
Paralelamente, está la acción de inconstitucionalidad, a la que se le asignó el expediente 26-29106-0007-CO. Esta es una figura diferente a la utilizada en las otras tres gestiones, la cual procede contra leyes y disposiciones generales que lesionan el derecho de la Carta Magna.
La misma cuestiona que el decreto establezca una declaratoria general de secreto que, según el accionante, afecta el acceso a la información pública, la transparencia y rendición de cuentas, la libertad de expresión y el principio de reserva de ley. También sostiene que las restricciones a derechos fundamentales no pueden establecerse mediante un decreto ejecutivo.
El miércoles pasado, en su conferencia de prensa semanal, la mandataria defendió —antes de que los magistrados recibieran el primer amparo— que la información de "relevancia nacional" en seguridad permanecerá pública, pero aclaró que se mantendrá bajo reserva todo aquello que "pueda ser peligroso" que la criminalidad conozca.
En esa línea, indicó que lo que se planea hacer confidencial es todo aquello que tenga que ver —según detalló a modo de ejemplo— con el tipo de armas con las que cuentan los policías, los horarios en los que realizan patrullajes, los sitios en los que se llevarán a cabo decomisos de droga o cómo se ejecutarán los operativos.
No obstante, ese tipo de informaciones normalmente no es compartido con los medios.
