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La exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, culpó a la crisis financiera de 2018 el hueco de ₡78 mil millones en el Consejo Nacional de Vialidad que hoy se investiga en el marco del caso “Cochinilla”.

Aguilar, jefa de esa cartera en ese momento, explicó a los diputados de la comisión investigadora que el atraso de ese año en el traslado de los fondos correspondientes al impuesto a la propiedad de los vehículos, por parte de Hacienda al MOPT, terminó por convertirse en el “disparador” de ese millonario faltante de recursos.

La hoy superintendente de pensiones y entidades financieras aseguró que ese año Conavi y el MOPT sufrieron “daños colaterales” a raíz de la estrechez fiscal que golpeaba al país y que retrasó traslados en un amplio número de partidas.

Aguilar aseguró que, en ese sentido, el ministro Rodolfo Méndez le solicitó buscar la manera de reintegrar los recursos que no habían sido trasladados, pero que no hubo una presión particular más allá de exponer esa necesidad.

También negó que la moción que formuló el cuestionado presupuesto extraordinario que devolvió parte de esos recursos (y se utilizó para pagar a las empresas investigadas) se hiciera en Conavi, pues defendió que eso era responsabilidad de la Dirección de Presupuesto.

La versión de Aguilar coincidió con la del exasesor presidencial Camilo Saldarriaga, quien también defendió ante los diputados que el hueco presupuestario en Conavi no fue un producto de la corrupción.