Por Juan José Herrera |16 de noviembre de 2022, 14:57 PM

La Contraloría General de la República aseguró a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, este miércoles, que el proyecto de venta del conglomerado del Banco de Costa Rica (BCR) está lleno de vacíos e inconsistencias que lo hacen inviable en los términos planteados.

En una amplia exposición, la contralora Marta Acosta cuestionó la falta de una hoja de ruta estratégica para una propuesta que, insistió, afecta la institucionalidad del país.

Por esa razón, dijo, el proyecto no puede discutirse como “la simple venta de un negocio bancario en marcha”, sino como la transformación del diseño institucional del Estado y la disolución de una institución autónoma, con todas las implicaciones que esto tendría en términos administrativos, legales y financieros.

“El proyecto es omiso en cuanto a especificar los criterios que fundamentan la elección del conglomerado BCR como activo estatal a vender, más allá de su potencial valor de mercado y la metodología a utilizar para su valoración.

“Aunque la propuesta tiene como finalidad disminuir la deuda, no se refleja con claridad la posibilidad de cumplir con dicho objetivo y en qué magnitud, pues no se tiene un estimado sobre el precio esperado, los costos del proceso y el tiempo que tomará”, criticó Acosta.

La contralora cuestionó, además, que el procedimiento de venta no cumple con los plazos mínimos que dicta la ley para recibir propuestas, no tiene una precalificación legal ni parámetros de selección de oferentes, ni tampoco hay claridad en que el Consejo de Gobierno es competente para finiquitar esa venta, tal y como propone el Ejecutivo.

“En el proyecto se sujetan decisiones relevantes del proceso de venta a criterios de conveniencia y oportunidad, rentabilidad e interés público, los cuales son conceptos jurídicos indeterminados”, añadió.

Acosta le insistió a los diputados que la venta del conglomerado requiere un escenario demasiado claro que analice, con antelación, el impacto que tendría en el diseño del Estado y además la definición de un procedimiento certero, porque sin todo esto, existe el riesgo de que no solo fracasar en el objetivo planteado, sino además de disminuir el valor de la entidad producto de la incertidumbre que el solo anuncio de la venta provoca.

“Los vacíos e inconsistencias señalados no hacen la iniciativa viable en los términos planteados, toda vez que decisiones de esta trascendencia deben responder a una visión o marco integral del diseño institucional y el manejo de la deuda pública”, finalizó.

El proyecto se encuentra en comisión en su proceso de audiencias y consultas, luego de esto se conocerán reformas y se procederá a un dictamen para que la iniciativa pueda llegar al Plenario.

La intención del Gobierno es que la venta del BCR permita un ahorro anual de hasta ₡92 mil millones solo en el pago de intereses, lo que abriría la posibilidad de nuevas inversiones en infraestructura vial, entre otros.