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Las intervenciones telefónicas fueron un recurso clave para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pudiera establecer "relaciones y contactos indebidos" entre funcionarios públicos y trabajadores de empresas constructoras.

La Policía Judicial solicitó autorización de un juez para intervenir las comunicaciones de las personas investigadas por el caso conocido policialmente como "Cochinilla". 

Según la orden de allanamiento, de la cual este medio tiene copia, esa diligencia fue autorizada desde el 22 de noviembre de 2019 y, tras varias prórrogas, se extendió hasta el 19 de junio de 2020.

"Una vez que iniciamos la investigación, logramos una declaratoria de crimen organizado, que nos permitió acceder a herramientas de trabajo que usualmente no se utilizan cuando se abordan delitos de corrupción", explicó Wálter Espinoza, director del OIJ.

"Esa circunstancia nos permitió verificar que habían relaciones, contactos indebidos, vinculaciones irregulares y que, en tesis de principio y como hipótesis de trabajo, efectivamente existía un esquema de pago de coimas a cambio de ventajas a determinadas empresas", agregó el jefe policial.

¿Qué investigan?

"Lo que el OIJ y la Fiscalía investigamos es, esencialmente, un esquema de sobornos, un esquema de regalías o de pagos indebidos, dirigidos a funcionarios públicos que fueron patrocinados por empresas privadas para lograr ventajas ilegales", explicó Espinoza.

Esas "ventajas ilegales" habrían permitido, según la investigación, el uso irregular de recursos públicos destinados a proyectos viales. 

"Logramos detectar, como principio de investigación, que efectivamente hubo una malversación de fondos dirigida a alimentar, de manera irregular, proyectos relacionados con adjudicaciones de obra pública: tomando dinero de otros proyectos o de otras partidas y que tenían una previsión y un destino diferente y ya establecido", aclaró el director del OIJ.

Al parecer, la malversación investigada sería de 78 mil millones de colones.

Por este caso, hay al menos 33 personas investigadas. Este lunes, las autoridades judiciales confirmaron la detención de 29 de ellas.