ICD evita tomar posición sobre proyecto de marihuana recreativa
La entidad asegura que en Costa Rica solo existe información a partir del enfoque represivo por lo que, sin datos sobre el impacto positivo, cualquier valoración sería errónea.
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) evitó hacer una valoración sobre el proyecto de ley que permitiría legalizar la marihuana recreativa en Costa Rica.
En comparecencia ante los diputados de la Comisión de Ambiente, el director general, Fernando Ramírez, aseguró que las autoridades del país solo tienen información y datos a partir de un enfoque represivo dada la ilegalidad de su consumo, cultivo y comercio, por lo que no existe ninguna base para discutir sobre sus potenciales beneficios.
“Hay que tener claridad que en este momento nosotros solamente tenemos un componente para realizar la medición y es el represivo, entonces no podríamos a partir de eso establecer elementos que nos hagan determinar cuál de esas situaciones es la adecuada y la que funciona.
“Si nosotros nos trasladamos a la legislación de Canadá en 2018, se analizaron aspectos de atención de los daños eventuales, pero también los beneficios. No puede construirse una posición establecida y definida solamente con insumos del ámbito represivo”, aseveró.
Ramírez reconoció que el Poder Ejecutivo, a cargo de la redacción del proyecto, no consultó al instituto para la redacción del texto ni tampoco le ha pedido criterio alguno, por lo que son los diputados los primeros en solicitarles su opinión.
Más consultas
La comisión aprobó esta mañana una moción impulsada por David Segura (Nueva República) para que la Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica fueran llamadas a comparecer ante el órgano sobre el proyecto de ley.
La moción fue defendida por Segura, quien defiende que son dos entidades de gran incidencia en el país; sin embargo, otros como Ariel Robles (Frente Amplio) criticaron la intención “obvia” de querer meter a la religión en la discusión.
“Esta discusión debe basarse en ciencia y datos técnicos, en darle seguridad jurídica al consumidor”, cuestionó a su vez el oficialista Manuel Morales.
Junto a esas entidades, también deberán atender a los diputados el Ministerio de Hacienda, la Academia Nacional de Medicina, Narcóticos Anónimos, la Asociación Costarricense para el Estudio de Intervención de Drogas, Psicología, Reducción de Riesgos y Daños y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas.
