Por Paulo Villalobos 16 de noviembre de 2026, 10:50 AM

El 20 de noviembre de 2025, Rodrigo Chaves no era ministro de la Presidencia ni de Hacienda; era presidente de la República.

Cuatro de sus ministros firmaron, ese mismo día, un acuerdo en el seno de la Comisión de Enlace para pagar, en los próximos ocho años, los ₡62.590 millones que el Gobierno de la República le debía a las universidades públicas por transferencias que no se les realizaron durante la pandemia del COVID-19.

Para aquel momento, la campaña política apenas empezaba a calentar, mientras el discurso oficial apuntaba a que la economía estaba en crecimiento y que el país avanzaba hacia la consolidación fiscal.

Ambas condiciones cambiaron en el último año: Chaves dejó el poder y pasó a ser parte del gabinete de quien fuera su ministra de la Presidencia y de Planificación Nacional, Laura Fernández; mientras que la situación fiscal de Costa Rica se deterioró y obligó al Gobierno, de la mano con su fracción en la Asamblea Legislativa, a llevar adelante recortes para compensar una caída en los ingresos de ₡373.391 millones.

Pero aun a pesar de esos cambios, hubo una variable que prevaleció: dos de los jerarcas que pactaron devolver los llamados fondos postergados se mantienen en sus cargos. 

Se trata de los ministros Leonardo Sánchez, de Educación Pública (y simultáneamente coordinador de la Comisión de Enlace), así como Paula Bogantes, de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Complementaron con sus rúbricas los ministros Rudolf Lücke, de Hacienda, y Marlon Navarro, de Planificación Nacional.

Así se desprende del acuerdo sobre los recursos pendientes de transferencia para el financiamiento de la educación superior, del que Teletica tiene copia.

"El Gobierno de la República, por medio del Ministerio de Hacienda, se obliga a presupuestar los fondos FEES postergados en 8 tractos, uno por año, por partes iguales a las universidades, con excepción de la Universidad Técnica Nacional, que se le presupuestará en cuatro tractos, según el detalle del cuadro precitado, adicionales a los presupuestos ordinarios del FEES. 

"La coletilla presupuestaria debe incluir el destino de gasto de capital y el monto por universidad, de acuerdo al cuadro anterior, proporcional a cada año", reza el documento en cuestión.

Como si fuese poco, el mismísimo Chaves tiene un papel clave tras el cambio de administración como jefe del actual gabinete y responsable del Presupuesto Nacional.

A pesar de todo lo anterior, la bancada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) recortó los primeros dos desembolsos de ₡8.048 millones que la administración pasada —de la que la actual dice ser continuidad— se había comprometido a hacer en 2026 y 2027.

Simultáneamente, Chaves criticó a su antecesor, Carlos Alvarado (2018-2022), por haber comprometido a un gobierno futuro a hacer el pago de los fondos postergados y apuntó que ese pacto fue verbal, sin que mediaran firmas.

Pero la entrega de esos recursos también fue acordada por escrito en el acuerdo de la Comisión de Enlace suscrito el 13 de agosto de 2020, al que este medio tuvo acceso.

"Resulta muy curioso que la posición ahora sea esa, porque si esa era la posición, entonces sería muy contradictorio que los ministros de la administración pasada, en noviembre del año 2025, firmaran un acuerdo en Comisión de Enlace que lo que hace es sellar y ratificar el compromiso asumido en el 2020 y en el 2021 durante el proceso de negociación", mencionó por su parte el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Jorge Herrera, en entrevista con Teletica.

Y si bien en lo pactado en 2025 por la administración de Chaves se contempla la posibilidad de cambiar las fechas de los pagos "por razones de flujo de caja o de ejecución presupuestaria", lo cierto es que la misma cláusula establece que el Ministerio de Hacienda debe informar esa situación formalmente al Consejo de Rectores y garantizar el traslado de los fondos comprometidos en el nuevo plazo que establezcan las partes.

Según el rector de la Universidad Nacional, esa comunicación no se dio en el caso concreto.

Este medio envió una serie de consultas a la Casa Presidencial, pero esta mantuvo la posición de que debe ser fiscalmente responsable y entregar a las universidades los recursos que le corresponden, y no adicionales, al tiempo que insistió en que Alvarado no tenía derecho a comprometer fondos futuros.

De igual forma, el Gobierno ratificó su compromiso de pagar lo que se puede pagar sin endeudar al país y sin empeñar las finanzas públicas de las generaciones presentes y futuras para satisfacer lo que llamó "caprichos" de casas de enseñanza.

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