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La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Gobierno se enfrentaron este lunes, por primera vez en casi cuatro años de administración, debido a la decisión del Ejecutivo de no firmar el proyecto para legalizar el comercio y cultivo de cannabis medicinal y cáñamo industrial en el país.

Luego de dos pronunciamientos, uno de la bancada y otro de la comisión política del partido, pidiendo ambos el respaldo a la iniciativa, la fracción arremetió contra las razones que hoy dio el Gobierno para no apoyar la redacción actual y, posiblemente, vetar el expediente.

En conferencia de prensa, la ministra de la Presidencia, Geaninna Dinarte, aseguró, entre otras, que los diputados no acogieron las observaciones en materia de seguridad, salud y agricultura que las respectivas carteras hicieron al texto consultado y que los legisladores nunca tuvieron el ánimo de convocar a los jerarcas de estas a comparecer.


Dijo, además, que era obligación del Gobierno ser claro en denunciar que el autocultivo y autoconsumo de cannabis que legaliza el proyecto nunca le fue consultado y que este es el principal problema que tiene, razón por la cual no se apoyará.

Sin embargo, la jefa de fracción oficialista, Laura Guido, dijo pocos minutos después de esa conferencia que el Ejecutivo nunca coordinó con su fracción para incluir ninguna de las modificaciones que hoy se anunciaron al texto y que Costa Rica está lejos de ser el primer país en avanzar hacia una legislación en esta materia como para que digan que contraviene tratados internacionales.

Guido fue más allá y dijo que no es de recibo que “se hable” de que el proyecto libera el autoconsumo y la tenencia en el país para uso personal cuando esos temas no están penalizados en Costa Rica y que, más bien, el proyecto busca definir criterios para que las autoridades sanitarias puedan determinar las recomendaciones de consumo en personas que así lo requieran.

Además del PAC, diputados de otras fracciones condenaron la posición del Ejecutivo en torno a un proyecto que recibió un respaldo mayoritario del Congreso y que pretendía ser uno de los grandes pilares de la ansiada reactivación económica que Ejecutivo y Legislativo han prometido desde hace cuatro años.

El Gobierno tendrá hasta el 31 de enero próximo para anunciar qué pasará con el expediente y cuál será el mecanismo para incorporar los cambios que, desde un abordaje técnico, está llevando a cabo el Ejecutivo.

Esa recomendación final será la que llegue a manos del presidente Carlos Alvarado y la que se trasladará, en los próximos días, a los diputados.