Fernández dice que "no tiene nada que ver" con bloqueo a pedido de desafuero de Chaves
La magistrada Patricia Solano sostiene que la negativa del Congreso a nombrar los suplentes de la Sala Constitucional impide conocer una solicitud de levantamiento de inmunidad del actual ministro.
La presidenta de la República, Laura Fernández, sostiene que no tiene ninguna relación con un entrabamiento de una solicitud de levantamiento de inmunidad en contra de su ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, en el caso que se le sigue por las estructuras paralelas que presuntamente financiaron su campaña en 2022.
Así lo hizo ver por escrito la mandataria a través de su oficina de prensa, ante una consulta de Teletica.com.
"La Presidencia de la República no tiene nada que ver con la consulta que usted nos plantea", indicó el departamento de comunicaciones.
El pronunciamiento de la gobernante llega una semana después de que este medio publicara una entrevista con la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, en la que aseguró que la falta de nombramientos de magistrados suplentes en la Sala Constitucional ha impedido integrar el Tribunal de Corte Plena, que es el que debe discutir y votar un pedido de desafuero contra el actual jerarca y expresidente.
Chaves figura como sospechoso de financiamiento irregular en el expediente 22-000116-1218-PE, por el cual el fiscal general Carlo Díaz lo acusó el 23 de junio de 2025.
La pieza formulada por el jefe del Ministerio Público debe ser conocida por el pleno de altos jueces para determinar si tiene mérito suficiente como para pedir a la Asamblea Legislativa que despoje al titular del fuero de improcedibilidad del que goza en virtud de los puestos que ocupa desde el 8 de mayo de 2026.
No obstante, el Tribunal de Corte Plena no ha podido integrarse en virtud de que el magistrado Paul Rueda se inhibió de conocer el proceso, pues el exmandatario denunció a su hija Jimena el 19 de julio de 2024 por una publicación que compartió en sus redes sociales con un comentario del entonces mandatario sobre una supuesta tala ilegal, acompañado de la frase "ya esto amerita un francotirador".
Ese mismo día, el otrora gobernante sugirió al juez que se apartara de conocer cualquier proceso que lo involucrara a él.
Ahí es donde cobra relevancia la afirmación de Solano.
El 16 de diciembre de 2025 acabaron los nombramientos de los 12 suplentes de la Sala Constitucional, que son los únicos que pueden sustituir a Rueda en el conocimiento de la causa seguida contra el ministro.
La designación de los suplentes es un pendiente que el Congreso arrastra desde el 15 de octubre de 2025, día en que la Corte envió la lista de candidatos para ocupar las vacantes.
Hasta ahora, las votaciones para llenar esas vacantes han fracasado, pues ningún aspirante alcanzó la votación mínima para ser nombrado (38 votos).
Recién la tarde del miércoles, el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) bloqueó deliberadamente la elección de los sustitutos, pues todos sus diputados votaron en blanco en las tres rondas celebradas.
El jefe de la fracción de gobierno, Nogui Acosta, rechazó cualquier negociación por mantener vivo el actual proceso para elegir a los magistrados suplentes y avisó que el único camino que su bancada apoyará es la presentación de otra nómina.
Estructuras paralelas
De acuerdo con la investigación contra Rodrigo Chaves y compañía, iniciada en 2022, supuestamente se utilizaron dos mecanismos irregulares para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Estas presuntas estructuras paralelas fueron el fideicomiso Costa Rica Próspera y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, hija del excongresista Waldo Agüero. La misma enfrenta un proceso independiente bajo la causa 22-000210-0276-PE, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Ambas vías de financiamiento operaron —en apariencia— al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Tesorería de la agrupación política que llevó a Chaves al poder, a pesar de lo exigido en el Código Electoral.
Lo anterior contravino los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, lo que a su vez afectó la integridad del proceso electoral, a criterio de la Fiscalía General.
El Código Electoral establece que toda contribución a partidos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizada únicamente a través de los mecanismos oficiales de la divisa.
