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El Gobierno y los diputados dirán adiós este jueves a un histórico periodo de sesiones extraordinarias con una última disputa de agenda: un punto muerto entre lo que quiere el Ejecutivo y lo que le dará el Legislativo.

Desde el martes anterior el Gobierno desconvocó toda su agenda excepto los expedientes 21.522 y 20.641, el primero relativo a la amnistía para los deudores de la CCSS y el segundo a la prohibición definitiva en Costa Rica de la exploración y explotación del petróleo y gas.

La decisión, que tomó por sorpresa a los diputados, desató también una ola de críticas entre las diferentes bancadas especialmente por ese último punto, en el que no hay ni un consenso remoto.

Esta tarde, en medio de la reunión de jefes de fracción, la oficialista Laura Guido insistió en que el Ejecutivo irá adelante con su intención pero que ahora, tras el rechazo generalizado al 20.641, la propuesta del PAC es que el texto regrese a comisión, solo que con condiciones.

Guido aseguró que la intención de su bancada es que el texto vuelva por un plazo máximo de 15 días para hacer correcciones puntuales y luego regrese a la agenda del día con prioridad, un punto en el que no tampoco hubo acuerdo.

Silvia Hernández, presidenta del Congreso, le advirtió que devolver el proyecto a comisión es una decisión que necesita de 38 votos que podría no conseguir esta tarde en el Plenario y que con solo un legislador que presentara una moción de reiteración no se podría discutir la iniciativa.

Del mismo modo, recordó que la amnistía tiene todavía 14 mociones de fondo por discutir y que incluso si todas se vieran hoy el proyecto no ha superado su etapa de consultas obligatorias, por lo que tampoco podría votarse esta tarde.

Así, Hernández y el resto de fracciones le solicitaron a Guido interceder ante el Ejecutivo por una ampliación de la convocatoria, pero la oficialista insistió en que la ruta establecida era esa.

La oposición ha insistido en que el Gobierno desperdició ese histórico periodo de 8 meses que por una única vez en la historia tuvo para controlar la agenda, priorizando temas ajenos a la reactivación económica y otras necesidades urgentes para el país.

A partir del martes, cuando regrese la labor legislativa, serán los diputados quienes decidan qué proyectos de ley tramitar.