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Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazaron este miércoles, de manera unánime, la liquidación del presupuesto de la República de 2019.

Los legisladores se apegaron así a lo dicho por la Contraloría General de la República en su informe anual de labores, que no avaló la liquidación ni el informe de resultados físicos del presupuesto, ambos presentados por el Ministerio de Hacienda.

El ente contralor sí avaló parcialmente el informe de balance de resultados al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública elaborado por Mideplan.

“La liquidación no se avala por el impacto que tiene la pertinencia y calidad de la información contenida en la liquidación del presupuesto”, explicó hoy la contralora general, Marta Acosta.

La jerarca aseguró que en el apartado de ingresos corrientes se determinaron errores con la clasificación de partidas presupuestarias por ₡21.339 millones especialmente en impuestos por ingresos, utilidades e IVA, así como errores de registro por más de ₡8 mil millones en impuestos a la propiedad de vehículos.

También hay errores en ingresos por superávits de periodos anteriores por un monto de ₡2.765 millones.

“Hay incertidumbre sobre la exactitud, integridad y valuación de la partida de remuneraciones en varias instituciones relacionadas con la conversión de incentivos salariales a montos nominales según establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Esta situación pudo derivar posibles sumas pagadas de más ocasionadas especialmente en la incorporación manual de movimientos de personal como nombramientos, ascensos o reajustes, aunado a inconsistencias en la parametrización de los sistemas informáticos de los incentivos”, señaló Acosta.

En ese aportado la jerarca hizo especial énfasis en el caso del Ministerio de Educación Pública, que para esa liquidación del año anterior tenía pendientes por nominalizar 31 recargos salariales y ampliación de jornadas, aunque reconoció que actualmente solo quedan dos pendientes.

Esas posibles sumas pagadas de más ascenderían a ₡2.646 millones para un cumulado de ₡50.580 millones.

Problemas similares se presentaron con los regímenes de pensiones administrativos por Jupema y la Dirección Nacional de Pensiones, que pagaron de más ₡746 millones para un acumulado de ₡3.498 millones trasladados por error.

Esas situaciones motivaron a los legisladores a recomendar al Plenario rechazar también la liquidación para así llamar a cuentas a Hacienda por esos errores u omisiones.

Con el dictamen el Plenario podría conocer el expediente esta misma semana.