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La comisión especial que investigó el financiamiento del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las campañas políticas de 2002, 2006 y 2010 recomendó, este lunes, destituir de sus cargos a Ottón Solís y Margarita Bolaños "por su papel en la estafa al TSE", que terminó en una condena contra el partido en 2010.

Ambas peticiones fueron plasmadas en un informe de mayoría firmado por los legisladores Gustavo Viales y Franggi Nicolás (PLN), Pedro Muñoz (PUSC), Giovanni Gómez (Restauración Nacional) y los independientes Ivonne Acuña y Dragos Dolanescu.

“Al Consejo de Gobierno le externamos la recomendación formal para destituir a Ottón Solís como director representante de Costa Rica ante el BCIE por no gozar las condiciones morales ni éticas para ostentar ese cargo.

“Al Presidente de la República (recomiendan) destituir a Margarita Bolaños como garante de la ética por las mismas condiciones de Ottón Solís, aun cuando su trabajo sea ad honorem”, dijo Viales.

En su justificación, los diputados firmantes aseguran que era materialmente imposible que el PAC hubiera llevado a cabo la estafa el TSE con contratos falsos sin la venia de Bolaños, entonces secretaria general del partido.

“Ningún contrato pudo tramitarse sin la firma de Margarita Bolaños y ella llamó a dirigentes del PAC para figurar en la firma de esos contratos y familiares de ella firmaron contratos. Causa impresión la exclusión de Margarita Bolaños en el caso”, añadió el verdiblanco.

“El mecanismo fue propuesto por el mismo Ottón, lo dijeron los testigos, el ideó esa forma”, añadió la diputada Acuña.

La estafa en la campaña de 2010 le costó al PAC una condena de ₡516 millones que aún no han sido saldados y cuyo monto supera ahora, según la comisión, los ₡600 millones.

Por ese caso fueron condenados a seis y tres años de prisión, respectivamente, el extesorero del partido Maynor Sterling Araya y Manuel Antonio Bolaños, expersonero de la agrupación.

El PAC, hasta ahora, no ha saldado esa deuda, por lo que la comisión también emitió una recomendación para que cualquier agrupación morosa con el TSE no pueda cobrar deuda política, tal y como sucede ahora mismo con las obligaciones con la CCSS.

La única diputada de la comisión que votó en contra del informe fue la oficialista Catalina Montero, quien defiende en solitario el informe de minoría.

Los diputados de la actual legislatura investigaron el caso, por segunda vez, pues tenían dudas sobre si el modelo de estafa de 2010 también se utilizó en las campañas de 2002 y 2006; además, buscaban probar que no solo Sterling y Bolaños eran responsables por ese delito.

En las recomendaciones del informe presentado hoy se recomienda al Ministerio Público, finalmente, investigar además de Solís y Margarita Bolaños a los más de 200 firmantes de los contratos falsos presentados en 2010.

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