Diputados aprueban nuevo texto y dan empujón a reforma para combatir lavado de dinero
La propuesta permitiría, entre otras, que las entidades financieras puedan congelar recursos cuando detecten movimientos sospechosos entre cuentas.
Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron este jueves de manera positiva el expediente 25.208, que reforma varias leyes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del crimen organizado.
Se trata de una propuesta que presentó en 2025 el entonces Gobierno de Rodrigo Chaves para actualizar la normativa costarricense conforme a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Tras la aprobación hoy de un texto sustitutivo, el texto establece ahora, entre otros cambios, la creación del Centro de Información Conozca a su Cliente (CICAC), como una base de datos centralizada de clientes financieros que permitiría a las entidades financieras supervisadas identificar mejor a quiénes están prestando servicios.
“El sistema financiero opera hoy de manera fragmentada, cada entidad supervisada gestiona de manera independiente la información sin mecanismos de intercambio entre instituciones. Eso genera una debilidad estructural, en la que un cliente identificado como sospechoso por un banco puede aperturar productos financieros en otra entidad sin que esa tenga conocimiento del historial previo de ese cliente”, advirtió la frenteamplista Sigrid Segura.
Ese Centro se creará dentro de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) y se obligará a todas las entidades financieras supervisadas a registrar y verificar la información de sus clientes antes de brindarles servicios.
Esa información deberá ser trasladada previo consentimiento informado del cliente.
También se añade una salvaguarda sobre quiénes podrán acceder a ese registro, lo cual estará limitado a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto de Control de Drogas, las superintendencias, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Contraloría General de la República, cada uno con una finalidad específica.
Además, se amplía la definición de “personas políticamente expuestas”, que ya no solo cubrirá a altos funcionarios públicos, sino también a sus familiares, socios y altos cargos de organismos internacionales, quienes estarán sujetos a mayores controles por parte de las entidades financieras.
“Este tema de la lucha contra la legitimación de capitales involucra muchísimo al sector financiero. Las dinámicas en este tipo de leyes dependen muchísimo de la aplicación de quiénes de una u otra manera se enfrentan al cliente, por decirlo de alguna manera”, aseveró el oficialista Nogui Acosta.
Otro punto clave es que ahora se permitiría a los bancos y otras entidades el inmovilizar, hasta por 72 horas, los recursos de cuentas en las que se detecten movimientos sospechosos.
“Mientras no sea posible controlar esa circulación de las ganancias del crimen organizado, la violencia no va a ceder, los grupos criminales no van a desaparecer y el Estado va a seguir corriendo detrás de síntomas en lugar de atacar las causas de la enfermedad, por eso la legitimación de capitales es un buen punto de partida”, celebró José María Villalta.
