Contraloría cuestiona proyectos del Ejecutivo para impulsar Ciudad Gobierno
Marta Acosta calificó las propuestas como riesgosas para la Hacienda Pública e insistió que ambas tienen “potenciales vicios de constitucionalidad”.
La Contraloría General cuestionó este jueves los dos proyectos de ley con los que el Poder Ejecutivo quiere mantener viva su visión del megacomplejo Ciudad Gobierno.
En audiencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, la contralora Marta Acosta calificó esas propuestas como “riesgos para la Hacienda Pública” y aseguró que ambas podrían contener “potenciales vicios de constitucionalidad”.
“La Contraloría no les recomienda, bajo ninguna circunstancia, la aprobación de proyectos de ley como estos, en detrimento de los principios sobre los cuales hemos avanzado en el país.
“Para generar la necesaria infraestructura que requiere nuestro país ya existen alternativas previstas en nuestro ordenamiento, tales como los fideicomisos, los contratos de obra, la concesión de obra y las colaboraciones público-privadas”, aseveró Acosta.
Sus quejas apuntan contra los expedientes 24.100 y 23.099, el primero para impulsar una interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Pública y el segundo para reformarlos.
El primero de esos artículos refiere a la aplicación de procedimientos extraordinarios para la compra y arrendamiento de bienes inmuebles, mientras el segundo permite el uso de arrendamientos financieros para ese fin.
Ambos son relevantes, pues la disputa que hoy mantienen el Ejecutivo y el ente contralor nace precisamente por la intención del Gobierno de construir ese complejo en terrenos públicos, pese a que las obras estarían a cargo de un privado (BCIE), algo que según la Contraloría sería ilegal.
Acosta insistió hoy en que abrir esa posibilidad permitiría la contratación, sin concurso, de sujetos tanto público como privados para el diseño y construcción de obra, esto pese a las dificultades de acceso a la información y control que estos últimos suponen.
“Eso significaría retroceder en el modelo de contratación que acogió nuestro país en el 2021 y que entró en vigencia en diciembre de 2022”, señaló Acosta precisamente en relación con esa ley.
“La reforma propuesta crea un complejo mecanismo de contratación para el desarrollo de obra pública al incorporar derechos de uso de bienes públicos sin límite de plazo, arrendamientos públicos de forma indefinida; diseño, construcción y financiamiento de proyectos de infraestructura sin concurso, como también la posibilidad de realizar la explotación comercial bajo una figura denominada ‘arrendamientos alternativos’, un término que no existe aún en nuestra legislación”, criticó la contralora.
El Gobierno de Rodrigo Chaves ha insistido en que ese modelo de contratación que hoy no existe es la solución más barata para construir ese complejo que permitiría ahorrar alrededor de $17 millones por año en alquileres, según cifras del Ejecutivo.
De momento, las autoridades del Gobierno no se han referido a ninguna otra posibilidad para mantener vivo el proyecto en caso de que las propuestas de ley no se aprueben.
