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La contralora general de la República, Marta Acosta, afirmó que está de acuerdo con la propuesta de gravar con el impuesto de renta al salario escolar, tal y como establece el proyecto para la reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas de capital.

Acosta participó esta tarde de la sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos para referirse a esta iniciativa, que forma parte de la atrasada agenda de proyectos negociados con el Fondo Monetario Internacional.

En su intervención, la Contralora dijo ver con buenos ojos la iniciativa del Gobierno de eliminar la exoneración de la que ese beneficio goza en la actualidad, de manera que se grave con el 15% de renta como sucede con el salario.

Sin embargo, fue clara en que el proyecto es omiso en determinar cómo se haría ese cobro, si de manera mensual o como un salario único devengado en enero.

La Contralora fue clara en que hacerlo de manera mensual generaría más “equidad contributiva”; sin embargo, el propio Ministerio de Hacienda ya había advertido que de su posición era gravarlo de manera individual, pues en conjunto podría provocar una doble afectación en relación con la iniciativa de la renta global dual.

Si ese aumento se da, dijo Hacienda, muchos trabajadores superarían el mínimo no imponible establecido en el proyecto de renta, que asciende a ₡8.2 millones por año.

Más observaciones

Acosta aseguró en su valoración general de la iniciativa que el proyecto le parece bueno pero que deja dudas sobre algunos de sus componentes y la falta de cifras que respalden su impacto.

Hacienda ya había dicho a los diputados que esperaba que los tres ajustes propuestos sumaran un 0.12% para 2021 y hasta un 0.34% en 2023.

Además, dijo estar preocupada porque el aumento de 5 puntos porcentuales en las remesas al exterior podría aumentar considerablemente esas tarifas y desincentivar su uso o empujar a los usuarios a otras opciones.

De la misma forma señaló que homologar las tarifas del impuesto sobre la renta y ganancias de capital a un 15% para todos los emisores podría tener un efecto similar en las inversiones y decisiones de los usuarios, impacto que tampoco ha sido cuantificado.

Hasta ahora, ese impuesto varía, por ejemplo si se realiza en el Banco Popular, una cooperativa o una asociación solidarista.

“Si bien esta iniciativa agregaría ingresos muy necesarios para recuperar espacio fiscal, cabe decir que el análisis de los temas que involucra el proyecto debe considerar no solo el impacto fiscal directo sino también los eventuales efectos económicos de las medidas planteadas sobre las decisiones de ahorro e inversión, lo cual no se visualiza en el proyecto”, dijo Acosta.