Contraloría arremete contra nueva propuesta para flexibilizar la regla fiscal

La Contraloría General arremetió este martes contra la nueva propuesta del Gobierno para flexibilizar la aplicación de la regla fiscal.

En audiencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la contralora Marta Acosta calificó el proyecto como “cortoplacista” y aseguró que este no solo debilitaría el propósito con el que se ideó ese límite de control al gasto, sino además la transparencia en el uso de los recursos públicos.

La propuesta, que establece una serie de excepciones a la regla como los intereses y comisiones del presupuesto nacional o las empresas públicas o instituciones autónomas con actividad comercial, fueron calificados como movimientos “lógicos” por parte del ministro Nogui Acosta, que insistió días atrás en que con este proyecto se eliminaría las incongruencias que los diputados han señalado en entidades como el 9-1-1 o el INEC.

Para Acosta, sin embargo, las exclusiones pasadas y las propuestas solo generan riesgo fiscal.

“El proyecto agrava los problemas de aplicación de la regla actualmente, porque disminuye la cobertura institucional sin incorporar sanas prácticas de hacienda pública adicionales, ya que excluye diversas empresas e instituciones parte del sector público no financiero y elimina circunstancias que actualmente son causal de aplicación, como el tema de rescate financiero o el endeudamiento por encima de un porcentaje de los activos, esto genera riesgo fiscal”, aseveró.

“Consideramos que se debilitaría la base jurídica, la credibilidad del instrumento y el logro de su propósito, además de que incrementa la complejidad en la verificación, al tiempo que reduce la transparencia al excluir rubros de gasto”, añadió.

Para Acosta, todo el sector público debería estar bajo el cobijo de la regla, incluidos los entes públicos no estatales o descentralizados.

La contralora insistió en que esta es otra más de muchas propuestas que se han aprobado o presentado en la línea de fragmentar la regla y desvirtuar su efecto.

“Se han realizado diferentes ajustes que desvirtúan el efecto esperado: desde su entrada en vigencia han existido 7 versiones del Reglamento, se han aprobado 14 leyes de exclusión del ámbito del mecanismo y permanecen en trámite, en esta Asamblea, 22 proyectos de ley.

“Así las cosas, estamos ante una fragmentación de la regla, sin una coherencia global que permita el cumplimiento de su objetivo, esto genera inseguridad jurídica en su aplicación, complejidad y genera falta de transparencia sin tener claridad sobre el diseño que se pretende con una visión integral”, afirmó.

Los diputados cuestionaron la rigidez que tiene actualmente el instrumento y que es  la que ha provocado esas modificaciones, pues de lo contrario se habrían visto afectados servicios que calificaron como esenciales, por ejemplo el de emergencias.

Acosta aseguró que, en su visión y la de la Contraloría, la principal recomendación a los diputados sería reformar la regla fiscal existente, pero a partir de las lecciones ya aprendidas y sus buenas prácticas, respetando los pilares de una regla resiliente y que además sea capaz de alcanzar el objetivo de reducir la deuda a niveles sostenibles en un plazo oportuno.

Repase aquí la comparecencia: