Congreso aprueba crear registros genéticos de agresores sexuales y privados de libertad
Ambos proyectos de ley fueron votados este jueves en primer debate.
El Congreso aprobó crear registros genéticos de agresores sexuales y privados de libertad.
Ambos proyectos de ley fueron votados este jueves en primer debate.
El Plenario Legislativo dio luz verde a dos reformas que pretenden crear registros de ADN de agresores sexuales con condenas en firme y también de todos los privados que hoy están en el sistema penitenciario nacional.
Se trata de los expedientes 24.327 y 24.341. El primero, de la socialcristiana María Marta Carballo, adiciona dos incisos al artículo 4 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para ampliar las atribuciones de ese cuerpo especial y permitir crear esa base de datos con todas las personas que tengan una sentencia en firme por delitos de índole sexual.
Al mismo tiempo, se crearía un banco de datos genéticos de esos ofensores, siempre y cuando sean mayores de edad y con condena en firme.
Para ello, se autoriza al OIJ a dar seguimiento a esas personas sentenciadas mediante los medios “técnicamente pertinentes” y en resguardo de la confidencialidad de la información, que permanecerá almacenada por un máximo de 50 años luego del cumplimiento de la sentencia.
El segundo proyecto aprobado defiende la creación de un banco de ADN de todos los privados de libertad que están hoy en el sistema penitenciario nacional.
A grosso modo, la propuesta establece que cuando un recluso quiera acceder a un beneficio carcelario, deberá someterse a un registro completo de su información biométrica y un perfil de ADN como requisito indispensable para solicitarlo, de manera que las autoridades tengan información actualizada de todas estas personas.
“Estudios a nivel internacional hablan de que alrededor del 85% de las personas que reciben beneficios carcelarios reinciden, una buena forma de tratar de prevenir eso es decirles que si quieren ese beneficio van a dejar una muestra de ADN que va a facilitar su identificación en caso de que reincidan”, justificó el libertario Eli Feinzaig, proponente de la reforma.
La Corte Plena ya había confirmado, semanas atrás, que el proyecto afecta el funcionamiento del Poder Judicial, pues sería el laboratorio del OIJ el encargado de tomar esas muestras y llevar ese registro.
“El costo es relativamente bajo porque ellos ya tienen el laboratorio y la capacidad de hacerlo; de hecho, el laboratorio está completamente subutilizado. No hay un costo adicional; el aumento de costos será de los reactivos, pero el laboratorio está subutilizado, de manera que esto más bien va a permitir un mejor uso de los recursos públicos”, insistió Feinzaig.
Sin embargo, la oficialista Pilar Cisneros dijo que, aunque respaldan el fondo del proyecto, no lo votarán a favor por afectar las finanzas del Ministerio de Justicia sin aportar una fuente de ingresos.
Por afectar el funcionamiento del Poder Judicial, el texto necesitará de al menos 38 votos para convertirse en ley.
Ambas iniciativas se someterán a segundo debate el próximo 14 de abril.
