Por Susana Peña Nassar |24 de octubre de 2020, 17:03 PM

Ocho diputados firmaron una carta en la que solicitan al presidente de la República, Carlos Alvarado, vetar el recién aprobado proyecto de pesca de arrastre de camarón. 

El documento, con fecha de este sábado, fue enviado al despacho del mandatario por correo electrónico. 

Está firmado por Karine Niño, Roberto Thompson, Silvia Hernández, Daniel Ulate y Luis Antonio Aiza del Partido Liberación Nacional, José María Villalta del Frente Amplio, Mileidy Alvarado de Restauración Nacional y Paola Vega del Partido Acción Ciudadana. 

Ellos le aseguran a Alvarado que el expediente votado en segundo debate "cuenta con una gran cantidad de razones que lo hacen inviable desde el punto de vista jurídico, ambiental, social y económico".

Entre esas razones, los legisladores citan las siguientes:

  • ​Se deterioran los ecosistemas marinos, reduciéndose las pesquerías de las que dependen las comunidades costeras para su subsistencia.
  • Afecta directamente a miles de pescadores artesanales, los cuales no podrán llevar
    comida ni sustento a sus hogares. La reducción de la fauna de acompañamiento
    impide la reproducción de especies juveniles, que aún no han tenido posibilidad de reproducirse.
  • Las redes de arrastre dañan las bellezas escénicas de los mares, desalentando prácticas turísticas que parten del disfrute de las personas turistas.
  • Reactivar la pesca de arrastre no brinda respuestas ni soluciones integrales para la ruta de reactivación económica o generación de empleo, es una solución cortoplacista.
  • Los estudios realizados para sustentar el proyecto de Ley 21.478 no cumplen con los criterios técnicos y científicos necesarios.

28 diputados aprobaron, el jueves anterior, permitir nuevamente la pesca de arrastre de camarón en el país.

El cuestionado proyecto levanta el veto constitucional que pesa contra esta práctica desde 2013. 

En julio anterior, los magistrados resolvieron que la iniciativa aprobada no presenta ningún vicio jurídico o de procedimiento, aunque sí implica "una violación a los principios de progresividad y no regresividad en la protección ambiental".

"La Sala Constitucional analizó el proyecto de ley y señaló que la eficacia de la ley sería condicionada a la realización de una serie de estudios técnicos, cuyo contenido presupuestario es inexistente y dadas las condiciones económicas que atraviesa el país, no hay mayores opciones de financiamiento disponibles", advirtieron los ocho diputados en su carta al Presidente. 

El ministro de Comunicación, Agustín Castro, aseguró que el Gobierno no ha tomado una decisión sobre este proyecto y que lo hará tan pronto este llegue a Zapote.

En las últimas horas, numerosos grupos de organizaciones ambientalistas, expertos, universidades y gobiernos locales han expresado su repudio al proyecto y también le piden al Presidente que vete la propuesta.