Aprobado proyecto que obligaría a bancos a indemnizar víctimas de estafa
La iniciativa se votó pese al rechazo de las entidades financieras.
Los diputados de la Comisión Plena III aprobaron este miércoles, en primer debate y por unanimidad, el expediente 23.908, que obliga a los bancos y demás entidades financieras formales a indemnizar a sus clientes que sean víctimas de estafa.
La propuesta, presentada desde 2023 por el liberacionista Óscar Izquierdo, surgió a partir del clamor de decenas de víctimas que perdieron sus ahorros sin que existiera ninguna responsabilidad por parte de quienes administraban su dinero.
“Esto viene a blindar a todas las personas y al sistema financiero y a dar justicia con las personas estafadas, además de evitar que sigan las estafas en este país”, celebró Izquierdo en compañía de algunas de las víctimas.
La iniciativa, que podría ser votada en segundo debate la próxima semana, reforma el artículo 35 Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472) para incluir la responsabilidad solidaria de las entidades financieras, públicas o privadas, sobre los dineros que administran.
“La entidad financiera bancaria, ya sea pública o privada, que tenga bajo custodia los ahorros o cuentas del consumidor, tendrá responsabilidad objetiva solidaria por el daño o las pérdidas materiales o económicas que se le generen a la persona usuaria y deberá indemnizar los daños y perjuicios generados cuando esta se vea perjudicada por la sustracción de dinero o del patrimonio de las cuentas, aunque esto provenga de un tercero ilegítimo siempre que este no se encuentre autorizado por el titular de la cuenta, independientemente del mecanismo utilizado para la sustracción”, reza la reforma.
Además, el texto aprobado reforma el artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública (Ley 6227) para invertir la carga de la prueba, de manera que no sea la víctima quien deba demostrar su inocencia.
La Asociación Bancaria Costarricense ya había expresado su oposición absoluta al proyecto, argumentando que la medida incentivaría el crimen organizado y el aumento de fraudes, pues cualquier persona podría alegar haber sido víctima de estafa y los bancos tendrían que indemnizar de manera automática.
La ABC utilizó el ejemplo de Chile, que aprobó una legislación similar y que, según la asociación, originó un incremento importante en el índice de estafas.
