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Otro funcionario público acudió a la Sala Constitucional en desacuerdo con la obligación de colocarse la vacuna contra el COVID-19.

Esta persona puso un recurso de amparo este martes contra el decreto ejecutivo N° 43249-S, firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y el ministro de Salud, Daniel Salas.

El trabajador insiste en que se desconoce el efecto que puedan tener las dosis en el cuerpo tiempo después de aplicadas.

"Se violenta el consentimiento libre e informado de las personas al obligarlos a vacunarse. El recurrente sostiene que no se conocen los efectos a largo plazo de la vacuna, y que someter a una persona a un experimento científico, sin su consentimiento, atenta contra los derechos humanos", indicó la Sala Constitucional sobre el planteamiento.

El pasado lunes otra funcionaria también se presentó a poner un habeas corpus. En su caso, indicó que se debía a que es alérgica a varios medicamentos.

Tanto el recurso de amparo como el habeas corpus se encuentran en estudio de admisibilidad.

El Gobierno de la República anunció que los funcionarios que no se vacunen a pesar de la obligatoriedad, serán multados con un salario base de 462.000 colones y denunciados ante el Ministerio Público.

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