“Ridícula y devastadora”: las críticas a la sentencia contra Uber

Los liberales Jorge Dengo y Otto Guevara calificaron como “ridícula y devastadora” la sentencia que el Juzgado de Trabajo del III Circuito Judicial de San José presentó ayer en una demanda laboral contra la empresa Uber.

El fallo, que aún no está en firme y que será apelado por la transnacional, establece que existió una relación laboral entre la compañía y el “socio colaborador”, quien precisamente los demandó por el no pago de vacaciones, aguinaldo, seguridad social y otros elementos que existen en un vínculo contractual normal.

Según Dengo, actual diputado del Liberal Progresista, la jueza a cargo de la sentencia realizó “una serie de malabares jurídicos” para poder probar esa relación.

“Aún ella misma, reconociendo que la persona tiene total potestad de decir cuándo y cómo trabaja, logra determinar que existe una subordinación, como que la aplicación le da la orden de adónde llevar a la persona, eso es ridículo, es igual que decir que la 'maría' le da las órdenes a los taxistas, son cosas sin sentido”, aseveró Dengo.

“Considerar la utilización de un 'software' como una relación laboral es la principal debilidad de esa sentencia y de ahí se deriva todo lo demás: no hay una sujeción a un horario, no está sujeto a una supervisión, no hay subordinación, entonces y tampoco hay salario.

“Son falencias muy grandes, porque desconoce cómo es la relación laboral. (…) Tampoco hay exclusividad, entonces hay un gran desconocimiento de la jueza de cómo funcionan las economías colaborativas”, añadió Guevara, abogado y exdiputado.

Ambos insisten en que la resolución demuestra el interés de querer regular una materia actual bajo una óptica del pasado, desconociendo las singularidades de relaciones que no se pueden adaptar al derecho tradicional.

“Uno tiene que moverse con los tiempos y la tecnología se mueve más rápido que el derecho, sin duda alguna. Pero aquí lo que sucede es que la jueza está tratando de adaptar una figura de economía colaborativa moderna a las formas del derecho laboral que vienen del Siglo XIX, lo cual es a todas luces inconveniente.

“No existen normas ni regulación sobre este tipo de relaciones, entonces voy a tratar de usar los principios del derecho laboral para acomodarlo, pero ahí es cuando sucede lo que estoy diciendo, es regular a la fuerza”, criticó Dengo.

Consecuencias

Para ambos, el antecedente que podría crear esta resolución, de quedar en firme, sería “devastador” en la economía costarricense por su impacto no solo para los trabajadores de las diferentes plataformas, sino también usuarios y comercios.

“Por hacer una gracia, van a hacer un sapo, lo que van a lograr es que esas plataformas no estén en Costa Rica para que las personas se ganen su sustento y también con los usuarios, porque si metes las aplicaciones de repartidores son varios cientos de miles de personas afectadas y ni si diga, por ejemplo, la afectación indirecta. 

"Un restaurante, por ejemplo, va a tener menos capacidad para colocar productos o comida a sus clientes, empresas que utilizan esto para llevar mercadería a sus clientes, todo esto va a salir afectado”, insistió Guevara.

Si esa sentencia quedara en firme, tanto el diputado como el exlegislador insisten en que la intervención de la Asamblea Legislativa sería el siguiente paso, para poder regular sobre esta materia, incluso a pesar del fallo.

“Llevamos ocho años de que esto se esté discutiendo sin que se termine de avanzar mucho en un marco regulatorio simple para evitar dudas sobre la legalidad de esta actividad económica. Esta sentencia, si quedara en firme, obliga a la Asamblea Legislativa a tener que ver de qué forma se mete para tratar de arreglar esta situación tan complicada que se estaría generando”, afirmó el excandidato presidencial.

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“Tendríamos que dar la discusión aquí en la Asamblea para ver si desde el punto de vista legislativo se puede dictar un marco normativo que realmente comprenda cómo funciona la economía colaborativa y se distancie de esta interpretación que da una jueza a falta de normas expresas.

“Ya existe una discusión en ese sentido con un proyecto de don Gilberto Campos, pero en el caso contrario podemos ver un impacto en una industria que emplea a miles de costarricenses y que ya se ha visto en otros países como fallos similares han traído desempleo”, finalizó Dengo.