Por Paulo Villalobos 2 de julio de 2026, 16:40 PM

El 10 de abril pasado trascendió el fracaso de la licitación para el diseño, la construcción y el equipamiento del nuevo Hospital Tony Facio, en Limón.

Se apuntaron una serie de razones que conllevaron a cinco empresas precalificadas a no presentar ofertas, como la inseguridad que se vive en la provincia y las complicaciones logísticas derivadas de los constantes cierres de la Ruta 32.

Desde entonces, la Gerencia de Infraestructura y de Tecnología de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lleva a cabo una valoración de los factores que llevaron a declarar infructuoso ese proceso, para disminuir el riesgo de que en un nuevo concurso se presenten problemas en la recepción de ofertas.

Pero entre los elementos que influyeron en ese resultado se tiene el impedimento para establecer un reajuste de precios en los proyectos llamados de "llave en mano", como el que se plantea para el centro médico.

"Todas las empresas sí coincidieron en que el riesgo mayor era el tema del reajuste de precios", explicó el gerente de Infraestructura y Tecnología, Jorge Granados, en una entrevista realizada el 14 de abril pasado.

"En los proyectos que son de diseño y construcción no se puede utilizar una fórmula de reajuste de precios automática, y esto lo que genera es que el riesgo, ya sea de incremento en los costos de los materiales y de los costos de mano de obra, así como también, por ejemplo, las fluctuaciones que hay en un tipo de cambio, tengan que asumir esos riesgos exclusivamente las empresas", agregó el funcionario.

Granados explicó que, en un proyecto con un costo estimado de ₡208.782 millones, el riesgo se multiplica considerablemente.

En esa línea, hizo ver que, para un proyecto de esa magnitud, un incremento de precios de un 10% equivaldría a más de ₡20.000 millones.

"Ya a esos niveles de monto y de complejidad de proyecto, ellos consideran que el riesgo es muy alto, y al no preverse ese mecanismo de reajuste de precios, pues ellos decidieron no presentar oferta", señaló el gerente.

La figura en cuestión está regulada en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, publicado el 29 de enero de 2025 en el decreto 44937-H-MICITT-MIDEPLAN.

Ante consulta de este medio, directora de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, Yesenia Ledezma, defendió que la normativa señalada establece cómo pueden actualizarse los precios de los contratos públicos durante su ejecución, cuando cambian los costos por factores externos como inflación, salarios o insumos.

De igual forma, subrayó que el objetivo del mismo es mantener el equilibrio económico del contrato y así evitar paralizaciones, incumplimientos o sobreprecios, a través de reglas objetivas, fórmulas e índices oficiales que limitan la discrecionalidad.

"Esto es clave para la continuidad de la obra pública, la protección de los recursos públicos y la transparencia en el gasto estatal", señaló la servidora.

Pero para Granados, esa disposición reglamentaria implica una limitación para grandes proyectos en instituciones como la Caja.

A propósito, el gerente mencionó que el de Limón es la primera gran iniciativa de infraestructura que se ve afectada por esas regulaciones. También indicó que solo recordaba un segundo caso de menor tamaño que fracasó por falta de ofertas.

"Sí creo que ha afectado porque en otras licitaciones que hemos publicado sí estamos viendo como que la cantidad de oferentes va bajando. Ya no nos ofertan la misma cantidad de empresas que nos ofertaban quizás antes y hay una disminución en la cantidad de oferentes.

"Podría especular uno que es un tema de riesgos que las empresas no quieren asumir y entonces algunas dejan de participar. Tras tal vez digan, 'bueno, yo me la voy a jugar y voy a incrementar mi oferta para asumir esos riesgos posibles' y entonces presenten en diferentes licitaciones", apuntó el funcionario.

Otros grandes proyectos, como la construcción del edificio del Servicio de Hemato-Oncología en el Hospital Rafael Ángel Calderón o para el nuevo Hospital Maximiliano Peralta de Cartago, se empezaron a ejecutar bajo las reglas de la anterior Ley General de Contratación Administrativa.

Lo anterior lleva a Granados a pensar que "las secuelas" de la implementación del reglamento se verán con mayor claridad en iniciativas futuras.

Ruta elegida


En medio de ese análisis que lleva adelante la Gerencia de Infraestructura, la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, anunció que será a finales de julio que se publique la licitación para el nuevo Tony Facio.

Sin ahondar en detalles, la jerarca expuso que se buscarán ofertas en el extranjero y que se eliminará la precalificación.

Una alternativa que este medio cuestionó a Jorge Granados era la de separar el diseño de la construcción, lo cual abriría la posibilidad de hacer reajustes de precio exclusivamente por el levantamiento del establecimiento de salud.

Pero el funcionario fue enfático en que optar por esa vía impactaría directamente en los plazos. Se estima que la adjudicación de un proyecto "llave en mano" tomaría aproximadamente un año.

De dividirse la iniciativa en dos licitaciones —una de diseño y una de construcción—, los tiempos casi se duplicarían, pues no puede iniciar la segunda hasta que concluya la primera.

Ante preguntas de la presidenta Laura Fernández, en media conferencia de prensa, Taylor indicó que la expectativa es que para el 31 de agosto de 2027 pueda iniciar la construcción del centro médico.

La nueva sede del hospital urge, en tanto la sede actual del hospital está bajo la amenaza constante de un evento natural, ya que se sitúa en la costa, en el corazón del cantón limonense. Sus alrededores son ocupados por concurridas carreteras, lo que dificulta el acceso a los vehículos de emergencia y hace imposible pensar en una más que necesaria ampliación.

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