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La Policía de Tránsito decomisó este miércoles las placas de un autobús de transporte público que trasladaba huelguistas en San José.

Un video muestra el momento en que un oficial retira las placas al vehículo, que está rotulado con la ruta San José – Heredia, mientras manifestantes lo increpan y le preguntan bajo qué artículo estaba procediendo.

El lunes el director de la Policía de Tránsito, Germán Marín, advirtió a los transportistas que no permitirían violaciones a las concesiones y permisos establecidos.

“Los permisos del Consejo de Transporte Público (CTP) son específicos y cerrados. Los buses tienen rutas que cumplir, de un punto a otro, o para trasladar estudiantes, según la autorización respectiva”, explicó el jerarca.

Marín aseguró que los operativos se realizarían desde este lunes en diferentes partes del país para garantizar que el cumplimiento de los permisos y de la normativa legal.

Aquellos choferes que sean sorprendidos realizando este tipo de actividades podrían sufrir el retiro de sus placas y ser sujetos de una multa de ₡104.000, o incluso elevar el caso ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), donde las multas son más elevadas.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) denunció ayer que esas declaraciones del director de Tránsito provocaron que las empresas que hasta ahora les habían brindado el servicio se negaran a hacerlo.

“Estas declaraciones a nuestro criterio han tenido como finalidad causar un entorpecimiento al ejercicio del movimiento de huelga que están realizando las organizaciones sindicales, tratando de debilitar el movimiento y violentando las normas (…) del ejercicio de los derechos fundamentales.

“La utilización de los mecanismos de amenazas y sanciones a las personas que participan o colaboran con el movimiento, es una clara violación a la libertad sindical, que podría constituir una infracción a las leyes laborales y prácticas laborales desleales”, declaró el sindicato.

ANEP solicitó a las autoridades indicar los argumentos jurídicos que respaldaron la decisión de sancionar a los vehículos, choferes y empresas que prestaran el servicio a las organizaciones sindicales.