OIJ desarticula presunta red de fraude informático entre Costa Rica y Colombia
La operación internacional permitió nueve allanamientos simultáneos con un perjuicio económico estimado en ₡35 millones.
En un operativo internacional coordinado entre Costa Rica y Colombia, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Policía Cibernética de Colombia y bajo la dirección funcional del Ministerio Público, ejecutaron la mañana de este martes una serie de allanamientos para desarticular una presunta organización dedicada al fraude informático.
La acción policial, denominada "Operación Nexus", se llevó a cabo simultáneamente a las 6:00 a.m. en Costa Rica y a las 7:00 a.m. en Colombia. En total, se realizaron nueve intervenciones: seis en distintos puntos del territorio costarricense y tres en la ciudad de Medellín. La Comunidad de Policías de América (Ameripol) actuó como intermediaria en la coordinación de esfuerzos.
En Costa Rica, uno de los allanamientos se ejecutó en Paso Ancho, donde las autoridades buscan detener a un hombre de 34 años sospechoso de extraer dinero de cuentas bancarias utilizando cajeros automáticos. En Alajuelita, el objetivo fue una mujer de 46 años, vinculada presuntamente a la misma labor dentro del grupo.
Otros cuatro operativos se realizaron en Puriscal, Santa Cruz, Guápiles y Golfito. En estas localidades se identificaron computadoras utilizadas para realizar movimientos bancarios fraudulentos, información obtenida gracias a la colaboración de proveedores de internet.
Por su parte, en Medellín, las autoridades inspeccionaron tres inmuebles donde, según las investigaciones, se crearon páginas web falsas que imitaban a una entidad bancaria costarricense. Estas plataformas eran posicionadas en buscadores para engañar a usuarios y recolectar sus datos confidenciales. Hasta el momento, en Colombia no se han efectuado detenciones.
El caso involucra 24 causas penales vinculadas al grupo delictivo y se investigan a 30 personas. Dos detenciones están previstas, mientras que las otras 28 personas serán citadas por el Ministerio Público para ser indagadas.
El perjuicio económico ya confirmado alcanza los ₡35 millones. No obstante, las autoridades no descartan que existan más víctimas y nuevos casos por descubrir.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó que también se allanaron tres operadores de telefonía. Según el jerarca, se les ha solicitado colaboración a las tres para brindar información para este tipo de pesquisas, pero que no lo han hecho.
Al respecto, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología recalcó que las empresas allanadas no tienen que ver con los hechos investigados y que las compañías han colaborado con las autoridades en todo momento.
