Informe urge plan para atender envejecimiento: población de 80 años se cuadruplicará en 2050
El Estado de la Nación 2025 advierte sobre la exclusión económica en los servicios de cuido, pues, incluso en aquellos con subsidio, los costos abarcan la mitad de los ingresos de los hogares.
Costa Rica avanza hacia un escenario demográfico inédito: el envejecimiento de su población avanza tan rápido que, en menos de 25 años, el grupo de personas mayores de 80 años será cuatro veces mayor que el actual. Para entonces, uno de cada cuatro habitantes en el país tendrá más de 65 años.
Este viraje, advierte el Estado de la Nación 2025, transformará profundamente la vida social, económica y productiva del país.
Ante ese panorama, el reto central será construir un sistema de cuidados que responda a la velocidad de los cambios. Un modelo que sea sostenible, accesible y preventivo, capaz de garantizar bienestar y autonomía en una sociedad donde la longevidad dejará de ser excepción para convertirse en norma.
La investigadora Natalia Morales recordó que la Política Nacional de Cuidados (PNC) 2021-2031 establece una hoja de ruta para atender a la población en situación de dependencia (entendida como una pérdida funcional diferente a la discapacidad, ante la cual se requiere un apoyo constante). Sin embargo, esa agenda enfrenta un obstáculo decisivo: no cuenta con los recursos suficientes para su ejecución.
Actualmente, Costa Rica destina apenas un 0,1% del producto interno bruto (PIB) a servicios dirigidos a la población adulta mayor, una cifra muy alejada de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el rango va del 0,4% al 4% de la producción del país. Tal brecha evidencia la urgencia de tomar decisiones de inversión más ambiciosas y sostenidas.
“Los sucesivos gobiernos han impulsado servicios dirigidos a personas que requieren apoyo para su vida diaria, principalmente en hogares de bajos ingresos. Sin embargo, esta oferta es limitada, fragmentada y carece de un enfoque claro y sostenido para la atención integral de las personas en situación de dependencia, lo cual impide responder adecuadamente a las necesidades actuales y futuras. Además, los servicios de atención para la población adulta mayor son costosos y excluyentes si se obtienen en el mercado; es decir, solo los hogares de mayores ingresos podrían asumir estos costos por tiempo indefinido”, enfatizó Morales.
El informe concluye que el país todavía no genera el clima político y social necesario para enfrentar la creciente demanda de servicios de larga duración.
A ello debe agregarse que, cuando las familias no pueden pagar servicios privados, el peso del cuidado suele recaer en las mujeres. Tal situación profundiza la desigualdad de género al limitar su participación en el mercado laboral, su autonomía económica y sus oportunidades de acceder a una pensión.
Sin embargo, el estudio alerta que los cuidados informales tampoco bastarán para enfrentar el envejecimiento acelerado que ya está en marcha.
Frente a ese escenario, el Estado de la Nación recomienda ponerle un ojo a experiencias internacionales donde los sistemas de cuidados con mayor cobertura combinan equidad en el acceso con modelos robustos de financiamiento.
Morales enfatizó además la importancia de evitar que más personas lleguen a situaciones de dependencia severa.
"Se debe prevenir la dependencia entre las personas adultas mayores, pues esto reduciría la demanda de servicios sanitarios y la necesidad de cuidados prolongados y hospitalizaciones. Es importante adoptar un enfoque que considere la promoción de la salud, la mejora de la autonomía y la prevención de enfermedades, al involucrar activamente tanto a los sistemas de salud como a la comunidad, las familias y las propias personas mayores", señaló la especialista.
Cada vez más difícil
Por su parte, el investigador Leonardo Merino resaltó que Costa Rica es uno de los países con envejecimiento más acelerado, incluso por encima de los ritmos de naciones desarrolladas.
Tan es así que en cuestión de tres décadas se consumió su “bono demográfico” —es decir, el momento en el que más gente tuvo en edad para trabajar— lo que conlleva un “reto gigantesco”.
"No solamente es porque qué dicha, y que estamos envejeciendo porque tenemos más esperanza de vida y está naciendo menos gente porque hemos bajado de manera significativa la fecundidad.
"Eso tiene peso porque atender a esta población depende cada vez, en más parte, de la riqueza que le genera a la sociedad una franja más pequeña de población. Si nos había costado sostener un buen sistema de pensiones, un buen sistema de salud, de protección social, con este cambio demográfico están necesitando una mayor capacidad de meterle recursos al sistema de pensiones, de meterle recursos al sistema de salud, de cambiar un poco lo que atiende el sistema de salud", señaló el experto en conversación con Teletica.com.
En esa línea, el estudio analizó este año el cuido de estas poblaciones, en momentos en los que los hogares son cada vez más pequeños y con ingresos más bajos.
Para ello se analizó la oferta de servicios de dirigidos a la atención de adultos mayores y se determinó que estos son excluyentes, desde el plano económico.
"Si usted compara la situación económica de los hogares en Costa Rica, y ahí lo que hicimos fue agarrar la mediana, es decir, la mitad de la gente de los hogares gana menos de ¢420.000 en el país. Luego ver los costos que tendría que la gente tuviera que dedicar gasto al cuido. Y bueno, si se da cuenta, se ve que, incluso cuando hay subsidio del Estado, puede significar casi todos o la mitad de los ingresos del hogar. O sea, sería imposible para el hogar. Y bueno, ni hablar de las opciones privadas o de las residencias, que son ya impagables para la mitad de la población del país", resaltó Merino.
Para el investigador, el país está en un momento clave para garantizar los derechos y la calidad de vida de esta población, que fue algo que no se vislumbró con suficiente tiempo hace 30 o 40 años.
En esa línea, el académico destacó la necesidad de hacer un ejercicio similar, orientado exclusivamente a las pensiones o a la demanda de servicios de salud.


