IAFA e ICD impulsan actualización de modelo para prevenir riesgos por consumo de drogas

El crecimiento de la población en situación de calle y el incremento de las consultas relacionadas con el consumo de drogas llevaron a las autoridades costarricenses a replantear las estrategias de prevención y atención dirigidas a las personas más vulnerables.

Según los datos presentados por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), la cantidad de personas en situación de calle pasó de 1.825 a 4.530, mientras que los servicios de atención de esta institución registraron un aumento de casi 35.000 consultas entre 2016 y 2022, al pasar de 73.483 a 108.282.

Ante este panorama, el IAFA y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) trabajan en la actualización del Modelo de Prevención de Riesgos y Reducción de Daños, cuyo propósito es ofrecer alternativas de intervención que permitan disminuir las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas.

El nuevo enfoque busca que las instituciones no se limiten a atender las consecuencias del consumo, sino que puedan identificar y abordar los factores de riesgo antes de que se agraven. 

También pretende que las medidas se ajusten a las condiciones particulares de las distintas regiones del país.

Entre las acciones contempladas se encuentran el fortalecimiento de casas de transición, programas de acceso a vivienda, oportunidades de inserción laboral y proyectos comunitarios que faciliten la atención y la integración social de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Cindy Mora, directora general del IAFA, señaló que el objetivo es contar con mecanismos de prevención y acompañamiento más efectivos, mediante la coordinación entre las instituciones y las organizaciones comunitarias.

"La actualización de este modelo busca que el país cuente con mejores herramientas para prevenir riesgos, reducir daños y acompañar a las personas desde una perspectiva de salud pública, inclusión y trabajo conjunto entre instituciones y comunidades", mencionó Mora.

La iniciativa cuenta actualmente con la participación de 24 organizaciones de la sociedad civil, que trabajan junto con las instituciones públicas y otros recursos comunitarios para brindar apoyo en diferentes partes del país.

El proceso forma parte de las acciones previstas en la Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados 2020-2030, que contempla medidas para fortalecer la prevención, la atención y la inclusión social.