Funcionaria de Aduanas sospechosa de facilitar ingreso de cigarros de contrabando
El Organismo de Investigación Judicial intervino una estructura que se cree defraudó al menos ¢800 millones en los últimos tres años.
Una funcionaria de la Dirección General de Adunas figura como sospechosa de colaborar con una banda intervenida la mañana de este martes supuestamente dedicada al contrabando de cigarros, al facilitar el ingreso de sus cargamentos desde Panamá.
La identidad de la servidora no trascendió hasta el momento, aunque el fiscal adjunto Mauricio Boraschi confirmó su vínculo con la organización criminal en una conversación con Telenoticias.
Ella era uno de los 9 objetivos que tenía la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada del Organismo de Investigación Judicial (Oecdo-OIJ), en una operación que incluyó 12 allanamientos en Cartago, Heredia, Alajuela, Golfito y San Carlos. No obstante, su detención no ha sido confirmada.
Entre los imputados destaca un hombre de apellido Segura, de 37 años de edad, a quien la Policía Judicial señala como el líder de la banda.
Todos en apariencia son parte de una organización que se dedicaba a la importación irregular de cigarros producidos en China y Emiratos Árabes Unidos, que provenían de Panamá.
En Costa Rica, presuntamente, esta mercancía no pagaba los impuestos correspondientes ni contaba con los permisos sanitarios del caso.
De ahí que se cree que este grupo logró una supuesta defraudación por al menos ¢800 millones desde 2021. No obstante, esa cifra puede incrementar, en caso de que se decomisen nuevos cargamentos en las diligencias.
Las ganancias aparentemente obtenidas de ese contrabando eran luego legitimadas mediante negocios fachada, según la hipótesis de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo) y el Organismo de Investigación.
Paso a paso
El informe preliminar de la Policía Judicial apunta que la pesquisa inició con una incautación que hizo la Policía de Control Fiscal (PCF) durante un operativo en Río Claro de Golfito, en el cual se detuvo un vehículo de carga pesada con placa panameña. El mismo lo conducían dos hombres de esa nacionalidad.
Dicho camión provenía trasladaba variedad de electrodomésticos que fueron reportados en la Declaración Única Centroamericana (DUCA).
Sin embargo, el personal de ese cuerpo del Ministerio de Hacienda ubicó gran cantidad cigarros de contrabando, las cuales no se encontraban descritas en la declaración de importación al territorio nacional.
Respecto a esta parte de la mercancía, posterior a su decomiso, los cigarros sujetos a valoración, determinándose que entre el monto económico en Aduanas y los impuestos correspondientes para las mercancías decomisadas, la totalidad de afectación al fisco del Estado costarricense sumó en perdidas un aproximado a $700.000 en ese momento.
En el marco de esta pesquisa, siete meses atrás se logró el decomiso de 4,5 millones de unidades de cigarros.
A lo largo de todo este tiempo, se ejecutaron una serie de diligencias policiales mediante las cuales se logró determinar que existía una estructura en la que sus miembros cumplían una serie de roles específicos, lo cual supuestamente les permitía importar los productos de manera irregular, almacenarlos y distribuirlos en pequeños comercios en Costa Rica.
El director general del Organismo de Investigación, Rándall Zúñiga, aseguró a este medio que el ingreso de estos cargamentos de cigarros era posible mediante la contaminación de contenedores, con ayuda de otras estructuras en el país vecino del sur. Esta es una forma similar a la empleada por los grupos del narcotráfico que envían cargamentos de droga a Europa y Estados Unidos.
Durante la investigación también se pudo constatar que las operaciones de la organización al parecer se desarrollaban en varias zonas del país, como Cartago, Heredia, Alajuela y Florencia de San Carlos, en donde los imputados supuestamente conformaron 10 sociedades anónimas en las que se detallan negocios lícitos como servicios de transportes, comercio de bienes y la distribución de parafina, para maquillar las ganancias obtenidas de la actividad ilícita del contrabando.
Está previsto que al cabo del operativo se decomisen 15 vehículos y se anoten registralmente 8 propiedades, según Zúñiga.
