Fiscalía realiza varios allanamientos en investigación de caso de vía de acceso a terminal de Moín
Las autoridades buscan recabar evidencias para la investigación del caso conocido como "pifia ruta 257", donde el Estado tuvo que asumir pagos adicionales a la concesión
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó este martes a primera hora de la mañana las oficinas del Consejo Nacionalidad de Vialidad (CONAVI), el Consejo Nacional de Concesiones, la Secretaría Ambiental, así como el Consorcio Atlántico Ruta 257 conformado por las empresas Meco S.A. y Puentes y Calzadas.
En las instituciones y compañías las autoridades tienen como objetivo secuestrar evidencias sobre el caso conocido como “pifia ruta 257”, del expediente 18-00009-1218-PE, investiga delitos por aparente influencia contra la Hacienda Pública.
De momento, los funcionarios de las instituciones anteriormente citadas tuvieron que desalojar su lugar de trabajo y dar paso para que la Fiscalía iniciara con la recopilación de las pruebas.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía explicó que la investigación “se relaciona con la licitación que llevó a cabo el CONAVI, bajo la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para la conexión entre la ruta 32 y la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón”. Dicho proyecto fue adjudicado al Consorcio Atlántico Ruta 257, el cuál fue allanado.
La Fiscalía agrega que la licitación no cumplió con el objetivo contractual para lograr la conexión definitiva, pues hubo un faltante de más de 80 metros que impedía el acceso a la terminal portuaria.
Como consecuencia, aunque la licitación se otorgó por un precio inicial de $71.857.500, el Estado costarricense tuvo que asumir el pago adicional de $14.000 correspondientes al valor del diseño y construcción correcta de los 80 metros que no fueron contemplados inicialmente.
“La hipótesis de investigación de la Fiscalía es que no existieron errores de diseño, sino que desde que el proyecto se adjudicó se conocía del faltante para acceder a la terminal, así como del resultado lesivo que eso provocaría a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública”, detalla el comunicado.
De momento no hay personas imputadas en el caso y las pruebas decomisadas tendrán que ser analizadas por el Departamento de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).