“Es cuestión de sobrevivencia”: ¿Qué está llevando a las mujeres al crimen organizado?

En Costa Rica, cada vez más mujeres son asesinadas. Una parte de esos crímenes corresponden a femicidios, mientras que la otra a ajustes de cuentas o venganzas.

Independientemente de cuál sea la motivación, lo cierto es que el promedio anual de homicidios de mujeres pasó de 56 casos entre 2015 y 2019, a 75 entre 2023 y 2024, según una recopilación hecha por el Estado de la Nación 2025.

Es esperable entonces cuestionarse a qué responde tal incremento en la violencia contra esa población y qué lleva a esta a involucrarse, cada vez más, en el crimen organizado.

De ahí es que el informe, publicado el 13 de noviembre anterior, se dio a la tarea de entrevistar en profundidad a un grupo de sentenciadas por infracciones a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, así como agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El trabajo de campo se efectuó entre abril y mayo de 2024.

Precisamente, en virtud de la metodología empleada, el estudio advierte, eso sí, que los resultados no se pueden generalizar. No obstante, los relatos recopilados no solo aportan información sobre hechos específicos, sino que abren la posibilidad de interpretar significados, tensiones y estrategias desplegadas por las mujeres ante contextos de precariedad, exclusión y responsabilidad familiar.

"A grandes rasgos, la mayoría de las mujeres entrevistadas viven en condiciones de marginación, con bajos niveles educativos, con una trayectoria laboral precaria, con condiciones económicas que no les permiten cubrir sus necesidades básicas de vivienda y alimentación, con embarazos a edades tempranas y con historias de múltiples violencias que han atravesado sus vidas desde la infancia y que han estado presentes en el hogar, en el entorno comunitario y, principalmente, en sus relaciones de pareja. De algún modo, esto constituye una antesala a su vinculación con el delito, lo cual no implica, de ninguna manera, una generalización o una relación causal directa entre condiciones de marginación y delito, pero tampoco es coincidencia que sea el denominador común en la historia de las mujeres que se encuentran privadas de libertad.

"Las entrevistas también permiten identificar cómo operan los roles de género tradicionales, especialmente aquellos asociados al cuidado y a la maternidad, en la configuración de motivaciones que, aunque en ocasiones se inscriben en dinámicas de coerción o dependencia de una pareja, también revelan una decisión personal y una búsqueda de autonomía económica, al reconocer que las trayectorias hacia el delito no pueden ser explicadas desde una única causa", establece el informe.

En el Sistema Penitenciario Nacional, un tercio de las privadas de libertad están recluidas por delitos relacionados con drogas. Tal proporción aumenta a casi dos tercios en el nivel de atención semiinstitucional.

Más allá de los homicidios, tales cifras confirman la preponderancia de la dinámica asociada al mercado de las drogas en la vida de muchas mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, destaca el estudio.

El Estado de la Nación hace énfasis en dos elementos extraídos de los casos estudiados: la vivienda y alimentación. Para muchas de las entrevistadas, "es cuestión de sobrevivencia", subraya el documento. En esa línea, se menciona que entre las mujeres que participan en el crimen organizado no hay aspiraciones de lujos u opulencias, sino necesidad de condiciones mínimas de existencia para ellas y sus hijos.

Tal vez esa idea se puede sintetizar con un testimonio dado por una de las participantes del estudio, a quien se le denominó "Jazmín" para proteger su identidad:

"Porque vea, yo le voy a ser sincera, por el sufrimiento mío toda la vida, más que todo esas dos embarcadas que yo me pegué (refiriéndose a dos sentencias por venta de drogas), fue por el alquiler. Porque yo tengo como 20 años de alquilar".​

Para la mayor parte de estas mujeres, pensar en una casa propia resulta prácticamente una utopía. Quienes la tienen —establece el informe— por lo general se asocia a una de tres situaciones: recibieron bono, la construyeron a partir de los ingresos relacionados con la actividad ilícita o por recibirla en herencia de una pareja con suficiente ingreso económico.

Y es que, cómo puede llegar una casa propia, si la inserción laboral de esta población tiende a limitarse a trabajos informales, de baja remuneración y sin garantías de ley. Los casos que se acercan más a empleos formales en bares y restaurantes, en los que se le pagaba por día u horas, con tal de que no se tuvieran que cubrir sus cargas sociales.

A ello debe abonársele que sobre estas mujeres, generalmente, recae la responsabilidad de atención y cuido de otras personas, en particular sus hijos. Muchas de las entrevistas fueron madres adolescentes con parejas que superaban con creces su edad.

"Yo era una niña con un niño adentro. No sabía, ¿verdad?, ¿qué era eso? No sabía la responsabilidad que yo tenía que tener. Cuando empieza a crecer el estómago, tengo a mi hijo en el hospital", narró "Pirita", otra de las entrevistas.

A ello debe sumársele que la violencia es un "contínuum" en la vida de estas mujeres y sus familias, destaca el Estado de la Nación. En esa línea, el informe establece que la agresión física, psicológica y sexual pasó a formar parte de su cotidianeidad, al punto en el que se desdibujó la línea entre lo que debía ser y lo que no, entre lo que era violencia y lo considerado "normal".

En ese contexto además deben contemplarse los conflictos, las riñas y las balaceras que ocurren en sus barrios.

Una vez dentro

Los relatos compilados por el Estado de la Nación también permiten identificar algunos de los roles que cumplen las mujeres en las estructuras dedicadas al narcotráfico y las cuotas de poder que suelen tener en ellas.

A partir de las entrevistas con las mujeres y el personal del Organismo de Investigación Judicial, se estableció que la mayoría fungen como "campanas", vendedoras terminales o gerentes de zona. Estas son tareas similares a las asignadas a hombres cuando estos ostentan puestos de bajo poder de jerarquía en el mercado ilícito.

De igual forma, se les usa para "citar o poner un objetivo", para almacenar producto en vía pública, así como testaferros en el lavado de dinero.

Mediante una lectura con perspectiva de género, el estudio puntualiza tres diferencias en la participación de las mujeres en la actividad delictiva con respecto a la de los hombres.

La primera tiene que ver con su invisibilidad ante el sistema. En congruencia con los roles de género históricamente asignados a las mujeres, socialmente es poco esperable que cometan actos delictivos, pues eso contradice los estereotipos tradicionales de sensibilidad, hogar y de buenos valores. Así, las mujeres son "menos sospechosas" ante los cuerpos policiales.

Pero, además, las fuerzas de seguridad están compuestas, en su mayoría, por hombres (solo el 19% de los oficiales son mujeres), lo cual limita sus posibilidades de requisa ante la sospecha, pues una mujer debe ser requisada por una mujer policía.

"Hemos tenido casos donde incluso las dosis las ocultan dentro de los pañales de los bebés, en el coche de los bebés, entonces tiene una fachada o una facilidad social", aportó un agente a la investigación con identidad protegida.

En segundo lugar, se tienen las habilidades de las mujeres como estrategas. Ello refiere a sus conocimientos para administrar negocios y a que no exista una demanda social de mostrar su poder ante el público, como sucede con los hombres, menciona el estudio.

La tercera característica diferenciadora remite al hecho de ser menos violentas en el ejercicio del delito. La violencia de parte de mujeres se sale de la norma, pues la ausencia de la misma constituye parte de una estrategia común y útil para evadir el aparato represivo.