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La Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones (Cedet) ve con recelo el Plan de Tarifas Eléctricas Solidarias presentado este lunes por el Gobierno de la República.

A través de un comunicado, la Cedet manifestó su preocupación por la “poca claridad” en el mecanismo que empleará el plan, no solo a nivel tarifario sino también de operación.

Erick Rojas, vicepresidente de Cedet, cuestionó cuál será la empresa que administrará los fondos solidarios y cómo se trasladarán estos desde las empresas distribuidoras que son los encargados del cobro a los usuarios.

Otra de las incertidumbres es la fecha de inicio del programa, prevista por el Gobierno para inicios del próximo año cuando, según la Cedet, falta tanto por definir en su aplicación.

La Cámara también criticó que no hay certeza de cuál población será la que asuma el pago solidario, pues no puede ser igual para todas las empresas debido a que el componente de pobreza es diferente para cada área de concesión.

“Queremos dejar manifiesto que estamos de acuerdo con la intención, aunque consideramos que este tipo de ayuda debería canalizarse directamente con recursos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

"Hemos visto cómo funciona en otros países de Centroamérica este tipo de tarifas, donde Gobierno con recursos del fisco es quien paga los subsidios y no la clase media”, sentenció Allan Benavides, presidente de la Cedet.

La iniciativa gubernamental está orientada a las 27.300 que son parte del programa Puente al Desarrollo, aunque solo serán elegibles aquellas que estén incluidas en los segmentos de pobreza básica y extrema.

La idea es que los primeros tengan un descuento del 50% en el consumo de los primeros 100 kWh facturados, en el caso de los segundos el subsidio será del 100%.

Ambos deberán eso sí pagar los ₡1.500 que aproximadamente cuesta estar conectado a la red más los impuestos a Bomberos, alumbrado público y la variable de los combustibles.

Esa ayuda será costeada por el resto de los usuarios residenciales, aunque los porcentajes y el esquema tarifario deberán ser definidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.