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Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este miércoles por mayoría el proyecto de ley que fortalecerá la lucha contra el lavado de dinero en el país.

La propuesta era uno de los requisitos exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para no incluir a Costa Rica en la lista de países “no cooperantes” en la lucha contra la legitimación de capitales y lucha contra el financiamiento del terrorismo.

La iniciativa fue aprobada hoy gracias a que los legisladores agendaron una sesión extraordinaria con el fin adelantar la votación del proyecto y que su ratificación como ley pueda ser presentada ante representantes del GAFI.

Precisamente hoy el ministro de la Presidencia Sergio Alfaro se encuentra en Miami para presentar ante el GAFI los avances del país en esta materia.

“La aprobación del proyecto de ley 19.951 es una excelente noticia para la delegación de Costa Rica que estamos haciendo la defensa del país ante el GAFI. Este proyecto será una pieza clave en la exposición que haremos ante el grupo de evaluadores. Es importante agradecer y reconocer a la Asamblea la aprobación de esta iniciativa, sin duda el país necesita el aporte de todos los poderes de la República de cara a este proceso internacional de acreditación” afirmó Alfaro.

El proyecto de ley aprobado introducirá medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs) los cuales deben estar regulados, controlados y supervisados efectivamente para cumplir con los requerimientos mínimos de GAFI.

Entre las APNFDs están los casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores y otros profesionales independientes que son considerados vulnerables y pueden verse implicados en una operación de lavado de dinero por el tipo de actividad que realizan al transar bienes de alto valor, que podrían ser adquiridos con dinero en efectivo producto de actividades ilícitas.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) celebró la aprobación del proyecto, que aseguró evitará que las entidades financieras, tanto públicas como privadas, sufran un aumento en los costos por sus transferencias en el extranjero a sus bancos corresponsales fuera de nuestras fronteras, así como la posibilidad de mantener la calificación actual de riesgo.

“Para el sector empresarial la decisión de varios legisladores de utilizar la consulta facultativa ante la Sala Constitucional pudo poner en riesgo la economía y la competitividad del país, así como a sectores productivos muy importantes como el financiero, el exportador, el turismo, el industrial, el agrícola y el comercio; generando directa o indirectamente un impacto negativo en toda la economía.

“Con esta aprobación, Costa Rica podrá seguir adelante con la atracción de inversiones, así como continuar con el desarrollo de su oferta turística”, afirmó la entidad en un comunicado.

GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones miembros del G8. Su mandato es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas, mediante la emisión de 40 recomendaciones internacionales.