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Diferentes cámaras de industriales celebraron este martes el fallo de la Sala Constitucional que rechazó una acción de inconstitucionalidad que pretendía eliminar el decreto presidencial que evita el alza en el precio del gas licuado y el búnker.

El recurso, presentado por el diputado del Luis Vásquez del Partido Unidad Social Cristiana y promovido por otro grupo de legisladores, buscaba eliminar el decreto del Poder Ejecutivo sobre la Política Sectorial, un deseo que la propia Sala ya había rechazado en enero anterior cuando Vásquez lo presentó por primera vez.

“Hoy la Sala IV nos da la razón y otra vez vuelve a privar la sensatez, la cordura, la prudencia y la seguridad jurídica. Al ni siquiera acoger la acción de inconstitucionalidad, la Sala IV le vuelve a dar un apoyo a los valientes industriales, al sector productivo, a la generación de empleo, la disminución del desempleo y a los ciudadanos de menores ingresos”, expresó la Cámara de Industrias de Costa Rica en un comunicado.

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“Celebramos esta decisión porque viene a reafirmar la seguridad jurídica que merecen los inversionistas en nuestro país; las empresas podrán continuar con sus operaciones sin poner en riesgo la estabilidad de sus trabajadores; mantener los precios actuales, generará mayores opciones para que más empresas sigan invirtiendo en Costa Rica”, afirmó a su vez Franco Arturo Pacheco, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

Vásquez, por su parte, había insistido en que su lucha es por la ilegalidad del subsidio, uno que según él afecta los derechos de los consumidores de combustibles en general.

Para el diputado eliminar la Política Sectorial sería el primer paso para darle vía a un proyecto de ley que, entre otros, eliminaría los impuestos a los cilindros de gas licuado.

“Recordemos que en Costa Rica el gas licuado de petróleo es el más caro de toda la región y de tener éxito una gestión como la que planteaban estos diputados, tendríamos la fuente energética más cara del planeta; por lo tanto, nuestra solicitud para los estimables Diputados, es que se eviten acciones de este tipo que ponen bajo seria amenaza la competitividad de todo el sector industrial costarricense”, finalizó José Manuel Hernando, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia).