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Miles de personas se lanzaron a las calles este miércoles en una demostración más de fuerza del movimiento que adversa el plan fiscal, la mejor carta de presentación de un bloque sindical que, reafirma, no dará el brazo a torcer.

Apenas horas después de que el presidente Carlos Alvarado apareciera en cadena nacional para asegurar que el margen de maniobra en torno a la reforma tributaria se agotó, los sindicatos trasladaron nuevamente a las calles esa profunda falta de acuerdo que existe en la mesa de diálogo.

Fue un desfile multitudinario de trabajadores que se dicen hastiados de pagar los errores de las clases privilegiadas con los que explican la crisis fiscal, un discurso simplista si se compara con los argumentos de urgencia que estila el Gobierno, pero que no por eso se puede decir menos válido.

En esa puja, el país volvió hoy a verse paralizado en muchos de sus frentes: cientos de taxistas tomaron la General Cañas y provocaron caos en una de las principales arterias del Valle Central, demostrando que el recurso, por repetido que sea, sigue siendo infalible.

Lo mismo pasó en el centro de San José con la marcha, que de nuevo detuvo el tránsito por completo en el corazón de la capital durante horas.

En respuesta, la Policía de Tránsito llenó de operativos el Valle Central para sancionar a autobuses y microbuses que transportaran huelguistas, una medida que solo hoy contabilizó 22 infracciones y que derivó también en un nuevo recurso de amparo, esta vez contra el director de Tránsito Germán Marín.

Frentes de lucha

Igual que ha sucedido durante toda esta semana, este miércoles el Gobierno divulgó el anuncio dos nuevas declaratorias de ilegalidad contra el movimiento: el Banco Central y la Junta de Protección Social.

Con estas ya son seis las instituciones que adoptan esa posición tras el CNP, la CNE, el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Santa Ana. El primero de estos, incluso, ya solicitó la rebaja de los días no laborados a sus huelguistas.

En todos los casos citados el juzgado de trabajo aseguró que el movimiento no cumplió con requisitos legales como la presentación formal de los manifestantes a la huelga, el agotamiento de las vías de conciliación y la falta de regulación de los fines que la justifican.

Los taxistas, por su parte, aprovecharon la ola del plan fiscal para impulsar su cada vez más longeva lucha contra las plataformas de transporte privado de personas (Uber y similares).

Por su parte, el Ministerio de Educación anunció las medidas de emergencia para intentar minimizar el impacto de la huelga en las pruebas de bachillerato que arrancarán este jueves para los colegios técnicos profesionales y los académicos.

Con ese norte tan turbio, Carlos Alvarado insistió anoche en que la reforma tiene que estar aprobada en octubre próximo, en un mensaje donde invitó a la ciudadanía a ser parte de una decisión que “determinará el futuro de la nación y de nuestras familias”.

El plan fiscal depende ahora de la voluntad y acuerdos de una Asamblea Legislativa demasiado fraccionada, la misma que entonces parece decidirá hasta dónde llegará esta huelga indefinida: 17 días de una lucha donde, al parecer, no habrá ganadores.