Abogados afirman que año carcelario ya es de 360 días y eliminar beneficios requiere modificar el Código Penal

La presidenta de la República, Laura Fernández, firmó este jueves un decreto ejecutivo que, según el Gobierno, establece que el año carcelario será de 360 días naturales.
Durante el anuncio, la mandataria aseguró que la medida busca evitar interpretaciones que, a criterio del Ejecutivo, reducían el tiempo efectivo de cumplimiento de las condenas a ocho meses.

Sin embargo, expertos en derecho penal cuestionan el alcance real del decreto y aseguran que el año carcelario ya se ha entendido históricamente como de 360 días.

El abogado y exministro de Justicia, Marco Feoli y el abogado penalista Gerardo Huertas, explican que lo que realmente permite reducir el tiempo efectivo de una condena son los descuentos contemplados en el artículo 55 del Código Penal, aplicables únicamente bajo ciertas condiciones.

Según detallan, las rebajas pueden otorgarse cuando la persona privada de libertad estudia o trabaja, especialmente durante la segunda mitad de la condena o incluso durante la prisión preventiva, siempre bajo valoración judicial y dependiendo de cada caso concreto.

También recalcan que quienes no trabajan, no estudian o incumplen requisitos disciplinarios no reciben ningún beneficio de reducción de pena.

Juristas consultados señalan además que un decreto ejecutivo no puede modificar beneficios penitenciarios establecidos en el Código Penal y que, para variar esas reglas, sería necesaria una reforma legal aprobada por la Asamblea Legislativa.

Además de este decreto, la presidenta firmó otros dos relacionados con la organización del Poder Ejecutivo y la convocatoria a sesiones extraordinarias de proyectos impulsados por el oficialismo, entre ellos el relacionado con construcción de la marina de Limón, Ciudad Gobierno y la aprobación de la exploración y explotación de oro en Crucitas.

Estas propuestas deberán comenzar a discutirse a partir del próximo lunes por parte de los nuevos diputados.