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Una de las grandes preocupaciones de los ticos, este 2021, son los temas de trabajo. La pandemia de COVID-19 trajo muchos cambios en las relaciones entre patronos y trabajadores, y sus efectos se siguen sintiendo.

El 2021 además será un año electoral, por lo que las medidas que se tomen desde el Ejecutivo y desde el Legislativo estarán teñidas por la contienda 2022.

La abogada experta en temas laborales, Paola Gutierrez, conversó con Teletica.com sobre lo que se avecina.

Tras nueve meses de la posibilidad de suspender contratos de trabajo y además acortar jornadas de los trabajadores, ¿considera que esta fue una medida exitosa?

Más que exitosas, diría que son dos medidas necesarias; pero que ya va siendo hora de tomar una decisión sobre la conveniencia de continuar prorrogando sus efectos, principalmente cuando se trata de trabajadores que tienen nueve meses de no recibir ingresos.

La suspensión de los contratos de trabajo y la reducción de las jornadas, esta última de conformidad con la Ley 9832, son dos medidas para la protección del empleo que se aplicaron para hacerle frente a la emergencia nacional, y tienen dos objetivos principales: por un lado, mantener vigentes los contratos de trabajo, conservando el trabajador el derecho a regresar a las condiciones laborales anteriores a la pandemia, y por el otro, dar a los empresarios la posibilidad de sostener sus negocios en un momento en que sus ingresos se vieron drásticamente reducidos, considerando que de lo contrario muchos habrían tenido que cerrar sus puertas de forma definitiva.

Para la reducción de jornada se necesitaba una ley que lo permitiera, siendo una modificación unilateral de la jornada con impacto directo en el salario. Que esta medida fuera una opción a pocas semanas de haberse declarado la emergencia nacional, considero que fue una acción oportuna y acertada de los legisladores.

Estas medidas, sin embargo, tienen un efecto negativo en los ingresos de los trabajadores y han generado mucha incertidumbre, principalmente en los casos de empresas que han quedado muy golpeadas por la situación económica y podrían tener dificultad para retomar operaciones.

Ni la suspensión de contratos ni la reducción de jornadas pueden mantenerse de forma indefinida y los trabajadores afectados urgen una solución. Se va acercando el momento de tomar una decisión respecto a la posibilidad y conveniencia de continuar prorrogando los efectos.  En estos momentos se discute la posibilidad de incluir un transitorio en la ley de reducción de jornadas para ampliar el plazo máximo autorizado hasta por 12 meses, lo cual aún no tiene luz verde.

Todo parece indicar que el 2021 podría continuar convulso en el campo económico, lo que obviamente afecta el campo laboral, ¿cuáles otras medidas legales se podrían tomar para proteger los puestos de trabajo?

Entre las medidas que se podrían analizar, además de la prórroga de la reducción de jornada hasta por un total de 12 meses, se debe considerar también volver a implementar una reducción en la base mínima contributiva a la seguridad social. Esta decisión corresponde a la Junta Directa de la CCSS, y estuvo vigente por un tiempo, pero luego se regresó al esquema anterior y esto tiene un costo importante para las empresas, especialmente para quienes contratan trabajadores a tiempo parcial o por horas.

El proyecto de ley para la actualización de las jornadas laborales, expediente 21.182, es importante para el proceso de reactivación de la economía, en tanto permite definir modelos de organización del tiempo de trabajo, que reflejen las necesidades tanto del patrono como del trabajador.

El empleo público siempre es un tema importante de conversación en el quehacer nacional, ¿qué podemos esperar en 2021 al respecto?

El empleo público es un tema que continuará estando en la mesa de discusión tan pronto retomen labores los legisladores en el 2021.

Al proyecto de Ley Marco de Empleo Público, expediente 21.336, hay que incluirle importantes modificaciones para evitar que termine siendo peor el remedio que la enfermedad, pero esto requiere de voluntad política y tomar decisiones con base en criterios técnicos y no clientelistas. Esto preocupa porque el próximo año muchos tomadores de decisiones podrían estar más preocupados por su futuro en las urnas que por sacar adelante las tareas pendientes.

Se deben definir las exclusiones y límites necesarios en materia de convenciones colectivas, así como la forma de hacer la transición de un esquema de salario compuesto a uno de salario global. Tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría han emitido criterios relevantes que señalan estos aspectos.

Por otro lado, resulta increíble que a estas alturas no haya sido posible ni tan siquiera lograr consenso para aplicar al salario escolar, en el sector público, el impuesto de renta.

Cada vez más las convenciones colectivas en el sector público están bajo la lupa, ¿podemos esperar cambios en cómo se negocien, tomando en cuenta sorpresas como la del MEP?

Una cosa está clara: si los diputados no hacen las modificaciones necesarias en la Ley Marco de Empleo Público, la negociación de convenciones colectivas como la del MEP se van a seguir dando, e incluso en condiciones más onerosas para las finanzas públicas si se aprueba el salario global sin aplicar los límites necesarios.

La firma de la reciente convención colectiva del MEP vino a dejar claro por qué es importante poner límites a la negociación colectiva en el sector público, especialmente para el caso de los funcionarios en un régimen estatutario de derecho público.

La negociación colectiva es un derecho que admite la aplicación de límites y esto le corresponde a los legisladores definirlo. Se deben incluir cambios en la Ley Marco de Empleo Público, pero también en el Código de Trabajo.

En épocas complicadas para los patronos, ¿cuán importante es que los colaboradores estén atentos a que se respeten sus derechos?

En todas las épocas, buenas y malas, los derechos laborales deben respetarse, y en caso de incumplimientos la vía judicial debe ser la que garantice una respuesta pronta y ajustada al marco normativo.

En tiempos tan difíciles como los que atravesamos en este momento, es posible que se incremente la cantidad de reclamos, y los patronos deben tenerlo presente para evitar que esto pueda generar altas condenatorias y el pago de multas.

Hay que entender que no todo incumplimiento patronal se origina en el descuido, la desidia o la mala fe del empresario. En tanto sea posible, y sin afectar derechos irrenunciables, tanto patronos como trabajadores deben en primera instancia buscar la forma de acercar posiciones para evitar ir a juicio. Sin embargo, no siempre las cosas pueden ser resueltas por la vía de la negociación.