Por María Jesús Prada |14 de mayo de 2023, 10:00 AM

Arianna Berrocal es una abogada penalista destacada por la trayectoria que ha cosechado a su joven edad. Abrió su propia oficina, desde donde se desempeña como parte de la firma Litis. Hizo sus estudios universitarios en la Universidad de Costa Rica, tiene una especialidad en notariado de la Universidad La Salle y una maestría de la Universidad Autónoma de Madrid.

Desde 2014 trabaja como penalista y ha asumido importantes casos sobre temas en torno a abusos sexuales, violaciones calificadas y estafas. Su experiencia le ha permitido adquirir una lectura integral de la esfera judicial del país, la cual hoy asume un papel fundamental ante la creciente ola de criminalidad y la lucha para frenarla desde las instancias judiciales.

Berrocal ve con preocupación la situación que atraviesa el país y, partiendo de su experiencia, ha llegado a determinar una serie de carencias, vulnerabilidades y errores en el sistema Judicial sobre los cuales amplía durante la entrevista a continuación.

Usted señala al populismo punitivo como un fenómeno preocupante en el país

Correcto, el populismo punitivo es un fenómeno social que incide preocupantemente en el Estado democrático de Derecho.

En palabras sencillas, se trata de un mecanismo de poder que está impulsado por ciertos grupos ciudadanos que buscan que se impongan penas más fuertes contra los delincuentes. Basan su argumento en un discurso que sugiere que hay un caos social y que impulsa una percepción de que el delito no está siendo realmente controlado por el Gobierno.

El populismo punitivo puede convertirse en un enemigo enorme del Estado, porque lleva a la gente a olvidar cuál es la esencia del proceso penal y distorsiona la visión que tenemos como sociedad de la Justicia como ente sancionador.

¿Este fenómeno se ha presentado en otros países? ¿Cuál ha sido el resultado?

El Salvador es un ejemplo de lo que ocurre cuando predomina el discurso del populismo punitivo. 

Antes de la llegada de Nayib Bukele, las tasas de homicidios estaban altísimas en el país y ciertos grupos de poder comenzaron a generar presiones para que se hiciera algo. Partiendo de esa preocupación ciudadana, Bukele arrasa en las elecciones presidenciales y, una vez en el poder, comienza a emprender acciones extremas -de carácter dictatorial- para eliminar las maras y la inseguridad con la promesa de que así su pueblo podría volver a salir a la calle sin miedo.

De hecho, reconocidas entidades mundiales de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, han calificado sus acciones como violaciones masivas a los derechos humanos que han provocado un debilitamiento del Estado de derecho. Esto también ha incidido en un deterioro grave y continuo del acceso a la información pública.

Se realizaron más de 60 mil detenciones que organizaciones mundiales han catalogado como arbitrarias, porque carecían de requisitos legales; cientos de personas han sido detenidas porque tienen tatuajes o viven en zonas controladas por pandillas. Amnistía señala que a muchas de las personas detenidas se les negó el contacto con un abogado e información sobre los motivos de su detención. Incluso, en muchos casos se incumplió con el derecho de que tuvieran una acusación formal. Las enmiendas procesales y penales que ha implementado el gobierno de Bukele son, ante los ojos del mundo democrático, una violación al derecho internacional.

¿Cuál es el impacto del populismo punitivo en una sociedad?

Genera caos en la ciudadanía y crea una realidad criminal distorsionada. Además, contribuye al racismo y a la xenofobia. 

No se le da una debida protección a las poblaciones vulnerables, los cuales son grupos que, debido a un problema en específico (usualmente relacionado con temas de derechos humanos), requieren de la protección del Estado y, por ley internacional, merecen ser tratados con distinción según cada caso particular. ¿Cuáles son estos grupos en Costa Rica? Los privados de libertad, las mujeres, los niños (personas menores de edad), las personas con discapacidad, víctimas, poblaciones migrantes e indígenas.

¿Cuál es su lectura del estado de la Justicia en Costa Rica?

Actualmente, en Costa Rica estamos viendo altas tasas de criminalidad, no es sorpresa para nadie que el Poder Judicial está pasando por una crisis extrema, en el sentido de que realmente la justicia no está siendo pronta ni cumplida. Esto es una realidad preocupante a nivel nacional.

Me atrevería a decir que el Poder Judicial no da abasto. La justicia en este país cada vez está más lenta y menos cumplida.

Hay demasiados casos penales, se tienen que fomentar las vías previas de conciliación para evitar llegar al proceso penal. Los juicios orales y públicos nunca duran el tiempo establecido, entonces los procesos penales son eternos.

No existen plazos en la Ley Procesal Penal que determinen lo que debe durar cada una de las cinco etapas de un juicio, por lo que no hay presión alguna para el Ministerio Público de acusar. 

Además, desde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por ejemplo, nos falta contar con una mayor capacitación para los funcionarios en torno a la obtención de las evidencias, ya que muchas veces se caen los casos debido a errores en las pruebas. Asimismo, desde el Ministerio Público, vemos que las acusaciones son poco técnicas y, a raíz de ello, no se sostienen con solidez a lo largo de un juicio.

Por otra parte, los Tribunales tienen un papel complicado hoy en día, por la cantidad de casos que llegan a juicio y luego se caen en segunda instancia con una apelación. Lo cual genera una inseguridad jurídica y una situación complicada para las diferentes partes involucradas en los procesos judiciales.

Estas problemáticas debilitan la lucha judicial contra la criminalidad, porque no se elaboran casos lo suficientemente sólidos como para conseguir una condena.

El mal manejo de las evidencias, los errores procesales, el realizar mal los allanamientos y utilizar pruebas inadecuadas son todos elementos que hacen que una acusación no baste para una condena.

Es un problema, por supuesto, para poder realmente imputar y condenar en un juicio oral y público. O sea, que un Tribunal condene a una persona cuando hay errores de investigación por parte del OIJ, o cuando hay acusaciones mal planteadas por parte del Ministerio Público y, cuando se llega al juicio oral y público, de una forma u otra, las pruebas que fueron recolectadas por el ente acusador no dan para poder llegar a una condena.

De hecho, esa molestia por la falta de condenas es algo palpable entre la ciudadanía

Claro, de ahí que veamos esa percepción e incomodidad social de los ciudadanos que dicen que los jueces están corruptos.

El problema es que también el Poder Judicial está en crisis. ¿En qué sentido? Hay demasiada cantidad de expedientes.

El Ministerio Público tiene muchísimos casos que investigar. Y la realidad es que son tantos que el sistema no está dando abasto. Entonces es importante reconocer la preocupación de los ciudadanos, pero debemos entender que de una forma u otra los jueces están lidiando con lo que pueden en este momento.

¿Está nuestra justicia preparada para enfrentar la ola de criminalidad?

Sí, está preparada, Costa Rica es una democracia sólida y nos caracterizamos por no tener ejército y ser pacíficos. Sin embargo, estamos viviendo en un mundo convulso, de mucho cambio, en donde es necesario tomar ciertas medidas para poder atravesarlo.

A la vez, la Justicia se enfrenta a varios problemas: una saturación de casos, un mal manejo de ellos a la hora de llevarlos a juicio y, encima, al clamor ciudadano que no deja de aumentar y que lo acusa y lo culpa por la situación que atraviesa el país.

También debemos entender que en todo sistema democrático hay tres poderes, el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo. Cada uno debe ser respetado en su rama, y cada uno también debe asumir su rol para trabajar juntos hacia el cambio que tanto necesitamos.

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